viernes, 10 de junio de 2011

El coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

Escrito que remitió a la Plataforma del Bierzo Aire Limpio el coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" donde advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

El coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

El científico berciano D. Ángel Alonso, natural de Bembibre, nos envía desde Heidelberg-Alemania, el siguiente artículo para advertirnos  de los peligros que encierra la incineración.

El Doctor Ángel Alonso es hijo predilecto de la Villa de Bembibre y trabaja como catedrático en la Facultad de Medicina de Heidelberg-Alemania, donde además es coordinador del "Centro Nacional del
Cáncer de la República Federal de Alemania", dirigiendo un equipo de 60 investigadores.

Medicina preventiva en el siglo XXI

La búsqueda de nuevas terapias y la Medicina preventiva son los dos pilares en los que se centra la investigación oncológica actual. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan nuevos modelos terapéuticos,
se analizan aquellas causas que pudieran provocar un crecimiento tumoral, con el fin de erradicarlas. Es, por tanto, de interés prioritario mantener un control muy estrecho sobre todos aquellos procesos industriales que liberen productos asociados con el desarrollo tumoral.

La producción de derivados químicos durante el proceso de combustión es de  sobra conocida. Las catástrofes de Bhopal y Seveso han sensibilizado a la opinión pública, que demanda una "química limpia" y procesos industriales controlables.  Sin embargo, no solamente las dioxinas son agentes calificados como cancerígenos y que han sido asociados al desarrollo de diferentes tipos de tumores (Kogevinas, 2011; Brody et al., 2007 para una revisión). Un estudio exhaustivo de Green Peace, realizado en la Universidad de Exeter, Reino Unido, analiza cuidadosamente los potenciales peligros y cuáles son los compuestos químicos más frecuentes que aparecen durante el proceso de combustión (Allsop et al., 1995). Tal estudio se ha visto corroborado por los datos obtenidos en la ciudad de Besançon, donde la presencia en las cercanías de una planta incineradora ha aumentado el riesgo a desarrollar un tumor en 1,44 veces (www.cniid.org).

Investigaciones realizadas en los últimos años colocan más de 190 los productos emanados de incineradoras como productores de serios problemas médico-sanitarios (www.setrostberg.de/index.php?..).
 Al mismo tiempo que productos orgánicos, se liberan cantidades apreciables de Cadmio y otros metales pesados, muchos de los cuales están en la lista de potenciales carcinógenos (Nawrot et al., 2006).
Simultáneamente, las micropartículas expulsadas en el humo son conocidas  como provocadoras de tumores de pulmón, repetidamente demostrado en experimentos de laboratorio. Un detallado estudio de los efectos de algunos de los productos orgánicos producidos en las incineradoras se puede encontrar en el excelente estudio de Wigle et al. (2008)  efectuado  en Canadá. Estos autores analizan los efectos sobre niños tras exposición tanto pre- como postnatal a algunos de los productos originados en incineradora. Bifenilos policlorados (Umemura et al., 2001), metil-mercurio, dibenzofuranos policlorados (Donato and Zani, 2010; Bakhiya and Appel, 2010, para una revisión; Norpoth und Woitowitz,  2006; Zänker und Becker, 2006) y dioxinas, fueron identificados como extremadamente peligrosos para la salud de adultos y neonatos y han sido  calificados como cancerígenos en ensayos experimentales.

El National Research Council de los EEUU alertaba en 2000 que las posibilidades de que residuos tóxicos afecten a las personas no se limitan a una contaminación atmosférica. De una manera indirecta, y a
través de la cadena alimenticia o a través de las aguas, tales productos entrarán más tarde o más temprano en contacto con la población, con los  enormes riesgos que ello supone. Este efecto se intensifica por la distribución de los productos tóxicos a zonas lejanas, por lo que el efecto no se concentra solamente en las inmediaciones de la planta incineradora sino que, efectivamente, se multiplica.

No es necesario continuar relatando la serie de estudios referentes a los peligros de cualquier tipo de incineración industrial. Son cientos las publicaciones aparecidas sobre el tema. Es necesario constatar
claramente que no se trata de teorías, sino de hechos contrastados por la Ciencia y que, desgraciadamente, se han visto corroborados en situaciones de catástrofe. La bibliografía nombrada en esta corta
exposición ayudará a profundizar en el tema a todos aquellos que lo deseen.

Prof. Dr. A. Alonso
Centro Nacional del Cáncer
Heidelberg
República Federal de Alemania

Bibliografía:

Allsopp A, Costner P, Johnston P (1995) Müllverbrennung und Gesundheit. Greenpeace-Forschungslabors. University of Exeter, England.

Bakhiya N Appel KE (2010) Toxicity and carcinogenicity of furan in human diet. Arch Toxicol 84: 563-578.

Brody JG, Moysich KB, Humblet O, Attfield KR, Beehler GP, Rudel RA (2007) Environmental pollutants and breast cancer: epidemiologic studies. Cancer 109: 2667-2711.

Donato F, Zani C (2010)  Chronic exposure to organochlorine compounds and health effects in adults: cancer, non-Hodgkin lymphoma. Ann Ig 22: 357-367.

Kogevinas M (2011)  Epidemiological approaches in the investigation of environmental causes  of cancer: the case of dioxins and water disinfection by-products. Environ Health 10. Suppl 1:S3.

Nawrot T, Plusquin M, Hogervorst J, Roels HA, Celis H, Thijs L, Vangronsveld J, Van Henke E, Staessen JA (2006) Environmental exposure to cadmium and risk of cancer: a prospective population-based study. Lancet Oncol. 7: 119-126.

Norpoth K, Woitowitz HJ:  Beruflich verursachte Tumoren, in: H.-J. Schmoll. K. Höffken, K. Possinger (Hrsg.): Kompendium Internistische Onkologie, Springer Verlag 2006, S. 248-278.

Umemura T, Kodama Y, Hioki K, Inoue T, Nomura T, Kurokawa Y (2001) Butylhydroxytoluene (BHT) increases susceptibility of transgenic rasH2 mice to lung carcinogenesis. J Cancer Res Clin Oncol 127: 583-590.

Wigle T, Arbuckle TE, Turner MC, Bérubé N, Yang Q, Liu S, Krewski D (2008) Shiliang Liu5, Daniel Krewski1. Epidemiologic evidence of relationships between reproductive and child health outcomes and environmental chemical contaminants. J Toxicol Environ Health, Part B, 11:373-517, 2008

Zänker KS, Becker N: Primäre Prävention, in: H.-J. Schmoll. K. Höffken, K. Possinger (Hrsg.): Kompendium Internistische Onkologie, Springer Verlag 2006, S. 279-306

lunes, 11 de abril de 2011

"En un año hemos bajado un 8% las tarifas y ganado 35 millones"

ENTREVISTA: ANNE LE STRAT Adjunta a la alcaldía de París

Anne Le Strat es una bretona nacida en 1968 y criada en París que no muestra ninguna duda en sus convicciones. Es tajante cuando responde. Ahora es adjunta al alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, y es responsable de una de las actuaciones más delicadas de su mandato: el rescate del servicio de agua del que se abastecen 3,5 millones de personas.

Pregunta. ¿Por qué el Ayuntamiento de París rescató el servicio de agua después de 25 años de participación privada?

Respuesta. Principalmente, constatamos que había opacidad financiera, una pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Nació en el equipo municipal una voluntad de volver a la gestión pública. El alcalde de París lo propuso como argumento político porque consideraba que, dado que el agua es un bien público, tenía que ser gestionado de forma pública. Por lo tanto, había razones políticas y de gestión. Pasamos de tres operadores a uno solo que gestionaba todo el ciclo.

P. ¿Por qué no controló el Ayuntamiento de París a las empresas ante a la opacidad financiera?

R. Es una tarea difícil, pero esto no quita la responsabilidad municipal. Ha habido, poco a poco, una pérdida de compromiso de la comunidad pública sobre el servicio. Es verdad que se dejó solo y sin control. Este examen es difícil cuando no se tiene un dominio operacional del sistema. Los contratos estaban centrados en la distribución y no en el análisis de como se prestaba el servicio. Los datos de gestión englobaban muchos aspectos y, para saber lo que costaba en realidad un servicio, había que entrar en la contabilidad general de una gran empresa.

P. ¿Es eficaz la gestión pública?

R. El modo de gestión pública lleva funcionando desde enero de 2010 y ya hemos conseguido ventajas económicas. Hemos logrado un beneficio anual de 35 millones. Unificar tres operadores nos permite aplicar una economía de escala y todos los beneficios se reinvierten en el sistema, ya que no hay reparto, por lo que se destinan a política social y al usuario. Hemos conseguido reducir la tarifa en un 8%.

P. ¿Son más eficientes que las empresas privadas?

R. Puedo hablar de la experiencia parisina, no de todos los casos. El servicio público puede estar bien gestionado. Todo el personal que trabajaba para los operadores privados se ha transferido, por lo que no hemos perdido el saber hacer. Nuestra gestión, además, tiene una visión a largo plazo. La lógica de los operadores privados es financiera, buscan aumentar los beneficios. Nosotros buscamos que sea un servicio sostenible, perdurable y con equilibrio financiero. Tenemos la estructura, la gobernabilidad y todos los sistemas para ser igual de eficientes. Además, se ha firmado un contrato con los ciudadanos que establece los objetivos y los indicadores de prestaciones, lo que permite y nos obliga a un control y evaluación permanente del servicio.

P. ¿Qué dificultades han encontrado en el rescate?

R. Económicamente, ninguna porque hemos esperado al final del contrato. Las dificultades han sido principalmente jurídicas al unificar estructuras diferentes, así como con la transferencia de personal y compra de bienes. Ninguna de estas dificultades ha sido insalvable.

P. ¿También es presidenta de Aqua Pública. Qué es esta asociación?

R. Somos una red europea de operadores que pretende demostrar que la gestión pública es posible, eficaz y mejor. Pero no sólo por militancia, podemos aportar pruebas de que es así realmente. Es muy importante la gestión pública, pero siempre acompañada del control.

Se vende servicio de aguas

Las Administraciones privatizan parte de las compañías de suministro por la crisis - La cesión abre el debate sobre si beneficia al ciudadano o a las empresas

RAÚL LIMÓN 11/04/2011

Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como es el caso de Madrid con el Canal de Isabel II, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender. Los servicios de agua, como ya lo fueron los de basuras, están en oferta. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente. El sector empresarial defiende la bondad de su incorporación. Pero en países como Bolivia, esta política terminó en un enfrentamiento con muertos hace una década. En algunas ciudades europeas se perpetúa el conflicto y termina con un rescate, como es el reciente caso de París. En España, la mitad de los servicios de agua son ya privados o participados por empresas. El debate está abierto.

"La concesión parcial no garantiza el control real", afirma Arrojo

El gerente de Sevilla: "Las entidades públicas son más transparentes"

"No reinvertir en agua es una especie de malversación", dice un experto

En países como Holanda el control es totalmente público

Las Administraciones argumentan que solo traspasan la gestión de los servicios al sector privado, mientras la mayoría de la sociedad, en muchos casos, sigue siendo pública. Creen que los grupos empresariales son más eficaces en un mundo de mercado, ayudan a sanear los déficits presupuestarios con el canon que pagan por la concesión, generan inversiones que mejoran la calidad de los servicios, aportan innovación y reducen los costes de la gestión publica.

No opina así Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico en Zaragoza y premio Goldman de Medio Ambiente. "Entra dinero fresco y el Ayuntamiento se quita un muerto de encima", resume. Arrojo, también miembro de la Fundación Cultura del Agua, asegura que ni siquiera la concesión parcial "garantiza el control real". "Y volver atrás es muy difícil y costoso", advierte.

Las entidades agrupadas en la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) niegan que ninguna de las bondades que defienden las Administraciones concesionarias y las entidades privadas sean exclusivas de las empresas. "Lo hacemos igual y más transparente", afirma tajante Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y secretario general de Aeopas. "Las empresas, cuando consiguen financiación, lo hacen con el respaldo de las tarifas durante los más de 20 años que dura la concesión. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados. Lo mismo podemos hacer nosotros, como se hace en Holanda, donde no existe la participación privada en estas empresas".

Morell afirma que, además, la supuesta competitividad tampoco es real. Asegura que las empresas compiten por hacerse con la concesión, pero que una vez que la obtienen, durante muchos años no tienen que competir. Se hacen con un "monopolio natural y sin riesgo".

Los beneficios directos no son muy elevados, según reconocen todas las partes, ya que las tarifas están muy ajustadas y su subida supone un conflicto político. En la mayoría de los casos, si el precio que paga el usuario no cubre el gasto, se recurre a la subvención. Pero existen numerosas repercusiones colaterales. De entrada, las empresas participan de un mercado "fiable" con clientes y pagos asegurados, algo que en las circunstancias económicas actuales es un activo importante. "El agua es un refugio financiero", afirma Arrojo.

Además, según Aeopas, una vez conseguida la concesión, las empresas que forman parte de entidades complejas -la mayoría forman parte de grupos empresariales y multinacionales-, se compran a sí mismas la tecnología, los suministros y las obras necesarias. No están sometidas a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no están obligadas a contratar por concurso. Por último, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con más plazo. Ya solo con el manejo de tesorería, tienen beneficios, añade Morell.

Arrojo, el economista de la Fundación Cultura del Agua, cree que la incorporación de la iniciativa privada también refleja una situación social donde se cree que "el mercado es la solución": "La idea de que el funcionario es un parásito y los impuestos son malos da como resultado una mitificación del mercado y una anorexización de la función pública". "Frente a estas circunstancias, las Administraciones se encuentran con que cada vez se le pide más y cada vez tienen menos. Entonces se venden los muebles, pero la hipoteca es para los que vienen detrás", añade.

Roque Gistau disiente de la mayoría de opiniones de los representantes de los operadores públicos. Es presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), una entidad en la que se agrupan sociedades de todo tipo. Sin embargo, algunas empresas afirman que, si hubiera una patronal del sector, sería esta.

Gistau insiste en que no se privatiza el agua, que en España es un bien público, y que los ayuntamientos están obligados a asegurar el abastecimiento a todos los ciudadanos. Este marco es el que, a su juicio, favorece la convivencia de varios modelos entre los que se incluye la participación de las empresas privadas. "Pero es falso el debate sobre la privatización, porque los activos [bienes y derechos con valor monetario] son siempre públicos", advierte.

El expresidente de la Expo de Zaragoza y de Aguas Andinas, así como exdirector del Canal de Isabel II, sí defiende que el dinero que se saca del canon, que suelen ser cifras millonarias, "debe ir al agua". "Si no", asegura, "se trata de una especie de malversación".

Gistau defiende la participación de las empresas, aunque asegura que sacan un beneficio "legítimo, pero corto". "No son hermanas de la caridad", justifica. Pero aboga por una figura clave que defienden también los operadores públicos: un regulador que fije unas reglas claras y comunes.

El secretario general de la asociación de operadores públicos se suma a esta demanda y la exige por ley. "Tiene que haber indicadores claros y públicos que aporten información contrastable", reclama para garantizar la calidad del servicio y, a su juicio, demostrar la bondad de la gestión de las empresas públicas. Gistau responde que las entidades privadas someten su gestión a la revisión de los mismos indicadores que las empresas públicas.

El negocio existe y es internacional. La multinacional andaluza Abengoa anunció recientemente que se ha hecho, en consorcio con Graña y Montero, con la ampliación y mejora del sistema de agua potable para 200.000 usuarios en Perú. En total, 83 millones de euros.

Aqualia, del grupo FCC, está presente en más de 1.100 municipios de 16 países y presta servicios a 27 millones de personas. Esta empresa cree que su participación aporta a los municipios "capacidad técnica, conocimiento y experiencia". Defiende que el negocio se genera al "disponer de muchos contratos a muy largo plazo". "Se crean grandes sinergias que hacen posible una economía de escala de la que se obtiene reducciones de gastos muy importantes en suministros (energía, telefonía, reactivos, etcétera), materiales y repuestos mientras se favorece la innovación y el desarrollo de tecnologías propias, lo que posibilita alcanzar una pequeña rentabilidad estable en el tiempo ajustada a lo planteado en la oferta".

También rechazan que no se sometan a los mismos controles que las empresas públicas o que su objetivo no incluya al usuario. En este sentido, Aqualia afirma que "el ciudadano es el centro de su gestión" y que se someten a todas las normas y normativas de calidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado su intención de privatizar parte del servicio en la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Huelva ya ha dado el paso. Este es uno de los últimos que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionariado. La operación supone un montante total de 57,3 millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad -Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)- y que ya gestiona el agua de 1,2 millones de personas, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer ejercicio). Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana. La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero sólo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.

El objetivo ha sido "optimizar los recursos municipales dando entrada a un socio tecnológico y financiero que refuerce la estructura, garantice la viabilidad de Aguas de Huelva en estos tiempos difíciles y mejore la calidad en la prestación del servicio", afirma el gobierno local. "Muchos municipios españoles emularán la actuación del Ayuntamiento de Huelva porque la alianza público-privada es, sin duda, el futuro de la gestión de servicios para obtener la calidad que merecen los ciudadanos", afirma el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP).

En cualquier caso, el debate tiene como fin el usuario, que debe tener siempre la última palabra. El Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado el pasado año advertía de los cambios en los modelos de gestión y clamaba por un principio básico: la participación, incluida en la Directiva Marco del Agua y que permite implicar a la sociedad en la toma de decisiones. En este sentido, el congreso defendió que, sea cual sea el futuro próximo, es necesario "implantar medidas para mejorar el acceso a la información medioambiental relevante y garantizar la participación pública en todo el proceso de planificación del servicio hídrico".

lunes, 24 de enero de 2011

Solicitud de Permiso de Reproducción (Editorial Oxford University Press)


Esta es la fotografía elegida por la Editorial Oxford University Press para el libro de texto de Educación para la Ciudadanía de Educación Secundaria.   
Fuimos  un ejemplo en toda España menos para 23 vecinos de Avilés....uyyy!! perdón, concejales. Que se enfada  mi "amiga".

Estimado Sr. Alejandro Cueli,

Le escribo de la Editorial Oxford University Press para solicitarle una fotografía de la recogida de firmas contra la privatización del agua en Avilés y permiso para reproducirla en un libro de texto de Educación para la Ciudadanía de Educación Secundaria que estamos preparando. Para que pueda apreciar el contexto en el que reproduciríamos la fotografía, le adjunto el original de la página con la foto insertada. Si no pudiera ser esta misma imagen, cualquier otra de la recogida de firmas o de una manifestación con el mismo fin nos serviría, ya que se trata de ilustrar el texto que reproducimos.

Si no hubiera problema para que nos autorizaran a reproducir una imagen, les rogaría que me enviaran, a esta misma dirección de correo electrónico, una imagen en Alta Resolución, así como una nota con la autorización y una mención de copyright para citarles en nuestra publicación.

Muchas gracias y un saludo,

Ángel Somolinos Estévez
Documentalista
Departamento Editorial

Oxford University Press España S.A.
Tlf:   +34 91 660 26 84
Fax: +34 91 660 26 29

miércoles, 12 de enero de 2011

«Los controladores no tienen competencia para denunciar infracciones en la ORA»

«No tener tique y sobrepasar el límite horario marcado son los principales motivos de multa en la ciudad»

TERESA CEMBRANOS  Lne.es» Avilés

José Vicente Vallín, coordinador del servicio jurídico de la Confederación de asociaciones de vecinos de Asturias (Cavastur) presta ahora sus servicios a la Federación de vecinos «La Unión» y será la persona encargada de analizar la ordenanza que regula el estacionamiento en superficie, más conocida como ORA, así como de asesorar a todos aquellos vecinos que consideren que las multas que les han impuesto en la zona azul son irregulares e iniciar los trámites para reclamar bien ante el Ayuntamiento bien ante el juez.

- ¿Qué objetivo tiene esta iniciativa de «La Unión»?

-El objetivo principal es analizar la ordenanza y hacer una propuesta de modificación al Ayuntamiento para que no haya cabos sueltos. Sabemos que la ordenanza es legal pero hay cosas sueltas que permiten incumplimientos por parte de quien lo controla. Si se consiguen hacer esos cambios no habrá irregularidad.

-¿Cuáles son los principales problemas de la ordenanza?

-El problema principal, que pasa en muchas ciudades pero en Avilés se amplía, es que los controladores no tienen competencia para denunciar. Hay denuncias obligatorias, que son las que pone la Policía Local, y las voluntarias, que son de las que puede advertir cualquier persona. Éste último es el caso de los controladores. Ellos no tienen presunción de veracidad y tienen que presentar muchas pruebas para que su denuncia sea admitida. Por lo que tenemos constancia, los controladores se extralimitan en sus funciones, presentan denuncias que no deben formular y sin suficientes pruebas de que se ha cometido una infracción.

-¿Qué infracciones son las que más se penan?

-No tener ticket en el coche y sobrepasarse de el tiempo permitido de aparcamiento. En la mayoría de los casos, en las fotografías que se exponen como prueba no se ve ni la matrícula del coche ni el tiquet ni la hora en la que se produjo, o sea, no acreditan convenientemente que ha habido una infracción. En definitiva, no se cumple el procedimiento administrativo. Si es el Policía el que firma la multa, no hay problema ya que tiene presunción de veracidad, pero los controladores no tienen competencia para sancionar.

-¿Se dan más irregularidades?

-En los documentos de multas que conocemos, no hay identificación del controlador, sólo un número que corresponde a esa persona. Al ser una multa voluntaria, tiene que aparecer el nombre, los apellidos y otros datos. También hemos visto que se exceden en sus competencias, como multar en carga y descarga.

-¿Hay jurisprudencia en estos casos?

-El Tribunal Supremo dictó jurisprudencia y señaló que los controladores no tienen capacidad de denuncia ni presunción de veracidad.

-¿Y qué modelo quiere que se aplique en Avilés?

-Que sea la Policía la que denuncie o, si no, que los controladores acrediten fielmente la infracción. Eso ya se ha conseguido en otras ciudades.

lunes, 10 de enero de 2011

En mala ORA

Las razones que aconsejan cambios en la zona azul

Lne.es
» Avilés

ALEJANDRO CUELI PORTAVOZ VECINAL CONTRA LA ZONA AZUL
Después de un año de funcionamiento de la ORA en Avilés el balance no puede ser más negativo; los propios datos oficiales reconocen que el nivel de ocupación medio de los aparcamientos regulados fue de un raquítico 52%, tampoco se han solucionado los problemas de trafico y aparcamiento existentes -sólo se han trasladado de sitio-, ni ha supuesto beneficio alguno para el comercio de proximidad.

Por lo tanto, la implantación de la ORA en Avilés ha sido un error que sólo ha servido para que la empresa y el Ayuntamiento recauden y para incordiar a la ciudadanía. Hablando claro, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ahora en Avilés tenemos multitud de aparcamientos céntricos ociosos, mientras muchas calles e incluso barrios enteros se encuentran bloqueados por los coches.

Los parkings subterráneos son otra víctima de la ORA; uno de ellos, el de Las Meanas, se encuentra ya en quiebra técnica, situación que amenaza con arruinar al propio Ayuntamiento, de verse obligado a hacerse cargo de él abonando una factura millonaria. Una vez más, los avilesinos tendremos que pagar de nuestros bolsillos los errores de nuestros políticos.

El concejal de Tráfico, tan falto de autocrítica como sobrado de demagogia, hace un balance positivo, falsamente eufórico, de la ORA. Por ejemplo, para él, que una de cada dos plazas de aparcamiento céntricas estén siempre vacías es algo muy bueno ya que prepara a Avilés para la llegada masiva de turistas al Centro Niemeyer. Nuestro concejal debería saber que cualquier ciudad moderna y habitable se organiza para uso y disfrute de sus vecinos, para eso pagamos impuestos y para eso los avilesinos le votaron a él.

Es una ilegalidad y un abuso de autoridad que el Ayuntamiento haga caja utilizando a los empleados de la ORA, obligándoles a realizar funciones que no les corresponden, como denunciar los coches mal estacionados fuera de su zona de trabajo o llamar a la grúa para que los retire.

Que en tiempos de crisis económica y sufrimiento generalizado para miles de avilesinos desde el PSOE se promueva y ampare la tramitación de unas multas que saben ilegales - por carecer de la valoración de un agente de la autoridad- no hace sino demostrar una vez más en manos de quien estamos, de unos políticos avariciosos y sin escrúpulos para los que todo vale con tal de recaudar a nuestra costa.

domingo, 9 de enero de 2011

Los vecinos impulsan una campaña para modificar la ordenanza que regula la ORA

M. MANCISIDOR
Lne.es»Avilés

La federación de asociaciones de vecinos La Unión tiene previsto iniciar una campaña de información y asesoramiento dirigida a los avilesinos en relación a la aplicación de la ORA en la ciudad. El objetivo, según el portavoz de la entidad vecinal, Alejandro Cueli, es modificar la ordenanza que desde hace meses regula el aparcamiento en determinadas calles de Avilés. En su día, algunos vecinos ya salieron a la calle para protestar por la implantación de los aparcamientos de pago.

Algunas de las acciones que llevarán ahora a cabo los integrantes de La Unión pasan por ofrecer asesoramiento individual o colectivo a personas multadas por los controladores, repartir folletos informativos y organizar charlas. La primera se celebrará el día 24 y durante la ponencia, según Cueli, se explicarán los fundamentos jurídicos de la ORA. El servicio de asesoramiento comenzará a funcionar el día 11, de diez de la mañana a una de la tarde. Los interesados en informarse pueden solicitar cita previa.
 
Por otra parte, el próximo martes empezará a funcionar el servicio de asesoramiento de multas de la Zona Azul que pondrá en marcha la Federación de Asociaciones de Vecinos de Avilés La Unión. Las consultas se realizarán los martes, de 10 a 13 horas en el número 25 de la calle José Cueto.
La federación ofrecerá asesoramiento individual a las personas que hayan sido multadas, así como a todas aquellas que estén interesadas. También tienen previsto informar a colectivos a fin de solucionar las dudas.
Las personas interesadas en el asesoramiento pueden solicitar cita previa en los teléfonos 617211890 y 985567287 (de 18 a 20 horas, de lunes a viernes) o en mail fav.aviles@hotmail.com. Después se analizarán los datos y La Unión presentará un informe con propuestas en el ayuntamiento “con el objetivo de la modificación de la ordenanza y colaborar con aquel en la búsqueda de soluciones”.