lunes, 27 de septiembre de 2010

Agua Pública cuestiona el alto coste del servicio en los comercios, frente a Gijón.

http://www.lne.es/aviles/
Illán GARCÍA

La entidad, que pide eliminar el consumo mínimo, afirma que un local de Avilés paga un 200% más que uno gijonés que gasta hasta 20.000 litros
La plataforma Agua Pública ha realizado una comparativa entre las tarifas a pagar por el consumo de agua en Avilés y Gijón, de la que extrae que los establecimientos comerciales y hosteleros avilesinos abonan entre un 200 y un 400 por ciento más que los gijoneses por un consumo menor a 20.000 litros. Estos datos aportados por la entidad surgen después de que algunos comerciantes se quejaran tras comprobar una subida «desorbitada» en el recibo del agua al ajustarse los recibos a las tarifas industriales.

Alejandro Cueli, portavoz de Agua Pública, destaca que la Empresa Municipal de Aguas de Gijón «está comprometida con lograr un consumo responsable del agua y por ello no existe un consumo mínimo en la factura». Por el contrario, en Avilés, según denuncia la Plataforma Agua Pública, el servicio «no se gestiona de manera sostenible ya que el precio se abarata cuando más se consume y los comerciantes y hosteleros son conocedores de que han de pagar 50.000 litros de agua los consuman o no». Según los datos aportados por la entidad, mientras que en Avilés se paga por un consumo de 5.000 litros de agua trimestralmente unos 48 euros, en Gijón esa cantidad se ve considerablemente reducida, ya que asciende a 9,8 euros que se extraen de los 7,6 que cuesta la cuota de servicio más los 2,1 del consumo.

Por otro lado, la Plataforma Agua Pública considera que las pymes avilesinas que tengan un gasto de agua superior al mínimo tendrán también que abonar un 71 por ciento más por el metro cúbico si se compara con Gijón. «Estas diferencias tan desproporcionadas explican que en Gijón el servicio está controlado por una empresa pública mientras que en Avilés el agua se gestiona por una multinacional con ánimo de lucro», apuntó Cueli, que propuso que «como es lógico» pague más por el servicio de aguas el que más gaste eliminando así el consumo mínimo y penalizando económicamente el gasto excesivo. Cueli pidió además que el precio del agua que consumen los comerciantes vuelva a ser el mismo de antes de privatizar el servicio «y se respete así la palabra de los ediles que dijeron que no subiría».

Peticiones

Eliminación del consumo mínimo

La plataforma pide que se elimine el consumo mínimo de agua para no castigar a los establecimientos. El coste mínimo asciende a 48,192 euros cada trimestre por un consumo de 5.000 litros hasta 50.000.

Agua Pública

La plataforma Agua Pública pidió además a los ediles avilesinos que cumplan su palabra antes de privatizar el servicio de «que no se subirían las tarifas».

viernes, 24 de septiembre de 2010

Un vecino denuncia una factura del agua que aumenta doce veces su coste habitual.

 http://www.lavozdeaviles.es/
 
La familia de Julio Redondo y María Rodríguez tardarán en olvidar el segundo recibo del agua de este año. Y es que su importe, 468,70 euros, supera en poco más de doce veces la primera factura del año, por la que abonaron 36,33 euros.
La diferencia también se aprecia en el consumo. En la primera factura del año, Aguas de Avilés apuntó un gasto de 20 metros cúbicos, cifra que se multiplicó por 17,05 hasta alcanzar los 341 metros cúbicos que han gastado entre el 3 de marzo y el 3 de junio de este año, según los datos de la empresa mixta de gestión.
Ante estas cifras de vértigo, la familia presentó primero una queja ante Aguas de Avilés, además de formular una denuncia para tratar de frenar el cobro de una cantidad que consideran abusiva.
De momento, Aguas de Avilés no ha respondido a la demanda de los consumidores. Los afectados aseguran que, después de unos momentos de «bastante tensión» en las oficinas de la sociedad lograron que revisasen el contador.
En la inspección, los técnicos aseguraron que el equipo se encontraba perfectamente, por lo que no había ningún error en la lectura. La familia insiste en que el gasto de agua en su familia es «el normal» en un domicilio y aseguran que durante el trimestre en cuestión no sufrieron ningún tipo de avería que justificase esos datos. Es más, afirman que en ese momento les aseguraron que «ese dinero era para poner al día consumos pasados, pero no aparece en ninguna parte». Ahora, esperan la respuesta definitiva de Aguas de Avilés.

domingo, 12 de septiembre de 2010

El gran negocio privado con el agua de todos

http://www.elpais.com
Los ríos son milagrosos. Se sabía que traían riqueza y belleza, pero lo que consiguen con ellos las eléctricas va mucho más allá. El Ministerio de Medio Ambiente ha recabado entre todas sus confederaciones hidrográficas los datos -dispersos y opacos- sobre cuánto le pagan las eléctricas por usar el agua para producir electricidad. El recuento da como resultado que por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño, las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.


El Ministerio de Medio Ambiente considera que esta desproporción es excesiva y busca fórmulas para cobrar algo a las eléctricas. El secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, advierte: "Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta".


El sistema de fijación de precios de la electricidad es singular. Las empresas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas primero aportan la nuclear, que no puede variar su potencia, todas las renovables entran por ley y, si hay agua en los embalses, la hidráulica. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caros, y al final todas cobran el precio más alto.


El resultado es que la hidroeléctrica -sin apenas costes y con presas construidas hace décadas- se cobra al precio del gas. Si el gas sube en los mercados internacionales, suben los beneficios de las presas. Los expertos bautizan este fenómeno como "beneficios caídos del cielo" (del inglés, windfall profits).


La Comisión Nacional de la Energía alertó del efecto perverso del sistema en 2008, pero solo la crisis, con la necesidad del Estado de recaudar más y de contener la desbocada tarifa eléctrica, ha abierto el melón de la regulación. Según la metodología de la CNE, el sector obtuvo 1.111 millones de beneficios extra en 2008 y 647 en 2009. La cantidad varía en función de la cantidad de lluvia y del precio del gas, que fija el del mercado. En los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso, la cantidad ronda los 900 millones.


Medio Ambiente ha revisado los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operan en forma de concesión. La inmensa mayoría son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta y con concesiones de hasta 75 años. "No pagan el agua. La cantidad que abonan de canon es mínima", resumen fuentes del Ejecutivo, que citan favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas. La primera gran concesión que caducará lo hará en 2024, según estas fuentes.


La Secretaría de Estado de Agua ha estudiado fórmulas para recuperar concesiones, pero legalmente, según afirman las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La ley exige compensar el lucro cesante de la concesionaria, que en este caso sería enorme, así que el Gobierno ha abandonado esa vía. Pero sí ha comenzado contactos con las eléctricas para ver cuál podría ser la solución. La reforma de la Ley de Aguas que presentó Cristina Narbona sí incluía un canon universal por el uso del agua que afectaría a las eléctricas, pero el proyecto fue retirado y duerme en un cajón.


La patronal eléctrica, Unesa, discrepa radicalmente. Sostiene que las centrales hidroeléctricas "no se amortizan nunca". Da igual que fueran construidas hace décadas, da igual que el combustible -en este caso el agua- sea virtualmente gratuito y da igual que cobren el kilovatio al mismo precio que una central de gas recién construida y que importa desde Argelia el combustible. "Las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante", afirma un borrador del informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009. Unesa agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía.


Unesa aporta un estudio que encargó a la consultora Deloitte en el que afirma que "se ha constatado la inexistencia de los llamados windfall profit", y algo similar ha dicho la consultora PricewaterhouseCoopers, ambas de gran predicamento.


Unesa cita la nuclear y la hidráulica porque son casos similares. Centrales antiguas, que en muchos casos recibieron inversiones de dinero público hace décadas y que cobran al precio más alto. Alemania ha abierto una vía al gravar las nucleares a cambio de que puedan funcionar hasta los 46 años como máximo. Con el sistema, la canciller, Angela Merkel, prevé recaudar unos 30.000 millones de euros, que destinará a financiar inversión en renovables y a combatir el déficit público. La central de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, funcionará como mínimo hasta los 42 años sin pagar ese impuesto ni con una menor retribución.


Es más, la patronal afirma que esas presas no solo no están amortizadas, sino que nunca pueden estarlo: "Este tipo de centrales [se refiere a hidráulicas y nucleares] nunca pueden estar amortizadas económicamente hasta el mismo momento de su baja operativa. Por lo que se refiere a las centrales hidráulicas, en su inmensa mayoría se trata de concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento".


El fiscal ha calculado incluso cuánto le costaría un impuesto sobre las centrales hidráulicas: entre 408 y 544 millones de euros al año en función de que ese impuesto sea de 15 o de 20 euros por megavatio producido, al que se podría sumar otro sobre las nucleares de entre 893 y 1.191 millones al año. Unesa considera inaceptable esa posibilidad, aunque las empresas sí la han aplaudido en Alemania. Unesa sostiene que la prueba de que no hay beneficios hinchados es que el sector ganó el año pasado 4.689 millones de euros después de impuestos entre generación, comercialización y distribución.


La profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en el sector, Natalia Fabra discrepa de la interpretación de la patronal: "Una cosa es la amortización contable, cómo ellos lo reflejen en sus libros, y ahí no se amortiza la obra. Otra cosa es la amortización económica, si han recibido suficientes ingresos como para pagar las obras, y en este caso los han recibido de sobra".


Otros informes oficiales apoyan la existencia de los beneficios extraordinarios. En 2008, la Comisión Nacional de la Energía alertó: "La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, competencia real entre tecnologías, y que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados".


Algo parecido afirma el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno del PSOE al poco de llegar al gobierno para ver cómo se podría reformar el sistema. Este avisa de un "desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear".


El tema no es menor. Entre enero y agosto, la hidráulica supuso el 19% de la electricidad de España. Es verdad que ha sido un año húmedo y que es un porcentaje excepcional, pero da idea de que no es una tecnología residual.


Una fuente del sector con gran memoria recuerda cómo ha ido cambiando el sistema de fijación de precios: "Las presas se hicieron con el cálculo de que cobrarían precios regulados, que se ajustaban al bajo precio que pagaban por el agua. Incluso hasta 1974 el consumidor pagaba una 'prima de las nuevas construcciones' del sistema Ofile con la que los consumidores financiaron obras hidráulicas". A partir de entonces cobraron un precio fijo y en 1997, tras una reforma legal, el PP crea el sistema que les permite cobrar el precio más alto del mercado. El Gobierno consideró erróneamente que las nucleares y las hidroeléctricas no serían competitivas con las centrales de gas y fijó unos Costes de Transición a la Competencia, una compensación milmillonaria. El PSOE, en la oposición, rechazó con fuerza esta ayuda.


El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: "No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo", lanzó Herrera.


El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa "late el radicalismo" -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios "no se sostiene". Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares.


Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: "Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales".


Galicia es la comunidad que con más intensidad ha vivido el debate. El fiscal denunció a Endesa el pasado mes de abril por secar un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume -en él pescaba Franco- durante 50 años entre la presa y la central hidroeléctrica que explota río abajo. La fiscalía denunció un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por incumplir la Ley de Pesca Fluvial de Galicia, de 1992, que impone una serie de caudales mínimos, y pidió un informe a la Comisión Nacional de la Energía sobre los beneficios obtenidos por la eléctrica este tiempo.


Pedro Brufao, presidente de la Asociación Ríos con Vida y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, insiste en que no solo hay efectos económicos para el consumidor, sino también perniciosos impactos ambientales. "España vive un expolio hidroeléctrico con el consentimiento de la Administración. La mayoría de las presas se rigen por la Ley de Aguas de 1879, en vigor hasta final de 1985. Era una ley en la que se ofrecían inversiones muy seguras. La Ley de Pesca de 1942 ya incluía condicionantes ambientales, como ciertos caudales, que aún se ignoran".


Brufao pide que se aplique la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que las centrales hidroeléctricas que incumplan las condiciones de la concesión sean demolidas. "El Sil no existe y el Miño está destrozado, secan el río Mijares y el Turia, el Llobregat tiene la primera presa a solo 50 metros de su nacimiento. No queda ningún gran río en España", lamenta. Ríos con Vida denunció ayer con fotos que una psicifactoría queda seca cada verano desde 1969 el río Castro, en Galicia.


En la elaboración de los planes de cada cuenca hidrográfica que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, algunas eléctricas han pedido compensaciones, ya que al fijar caudales ecológicos no podrán poner turbinas para producir electricidad ni elegir el momento más propicio. La respuesta que les ha dado Puxeu, y que ha enviado a los presidentes de las confederaciones, es que no puede haber contrapartidas, que el caudal del río es previo a la concesión administrativa y que el negocio privado con un bien público como el agua debe tener límites.

lunes, 6 de septiembre de 2010

EL “TARIFAZO” DEL AGUA EN AVILÉS.

Hace unos meses, en el debate sobre la gestión del agua que se producía en el Pleno Municipal, la Alcaldesa, Pilar Varela, afirmaba: “ No digamos mentiras de que el agua va a subir, ya hemos dicho por activa y por pasiva que no”, por su parte su socio en el contubernio privatizador, el portavoz del PP Constantino Álvarez, se columpiaba aún más: “La propuesta garantiza a los ciudadanos que el agua no va a subir más que el IPC, incluso que puede bajar”.

Según ambos decían, los miembros de la Plataforma “Agua Pública” éramos unos mentirosos que habíamos recogido 21.093 firmas en contra de la privatización y en demanda de un Referéndum, engañando a los avilesinos con premisas falsas, como la de que el recibo del agua iba a subir.

Las suyas eran promesas kleenex, de usar y tirar. El “tarifazo” aplicado en el recibo del agua que afecta a comerciantes, hosteleros, despachos y oficinas lo demuestra. Es un autentico atraco elevar el consumo mínimo -el que se paga aunque no se abra el grifo- en más de un 500%, pasando de 9’177 a 48’192 euros; o incrementar cerca de un 40%, el precio del metro cúbico adicional.

Una vez más, el que hace la Ley, hace la trampa. Otra vez nos toman a los avilesinos por tontos, justifican ahora el “tarifazo”, alegando que tan sólo se trata de una corrección de errores en la facturación. La realidad es muy otra: ¿Habrá mayor error, o mayor atropello que, por ejemplo, obligar a una frutería que sólo consume 3 metros cúbicos de agua, a que pague 51?

En tiempos de grave crisis económica, la subida va a ser muy negativa para este importante sector de la economía local. Nada tiene de erróneo, bonificar el precio del agua que consumen autónomos y pequeñas empresas, es más, en momentos tan difíciles, hacerlo debería ser obligado. El Gobierno de España, lo hace aplicando la Tarifa Eléctrica Reducida a muchas empresas, como ArcelorMittal.

Lo que ocurre realmente es que, hasta ahora el agua era un bien público que se facturaba en beneficio del conjunto de la sociedad avilesina y ahora en manos privadas se ha convertido en un negocio, en una mercancía más, de la que hay que sacar el mayor beneficio posible. La subida actual, sólo es un anticipo de lo que, después de las elecciones municipales, nos ocurrirá al conjunto de la ciudadanía.

Mientras los avilesinos estamos indefensos, abandonados por nuestros políticos en manos de una voraz empresa multinacional catalana, que además actúa en un mercado artificial y cautivo en el que no existe escape posible, al no existir la libre competencia. ¿Porque hay concejales que anteponen los intereses de una empresa a los de los ciudadanos que les votamos?.

Menudo fiasco de oposición. Menudo fiasco de Alcaldesa de izquierda; primero privatiza el agua, y después exprime a los débiles (comerciantes y hosteleros locales) para engordar los beneficios de los poderosos (Aguas de Barcelona). Resumiendo: práctica el socialismo, pero al revés…

Avilés no es un negocio, los avilesinos somos ciudadanos, no clientes. Unos políticos que no cumplen su palabra, no deberían tener futuro. Espero que por fin escarmentemos y que las elecciones municipales de Mayo, sirvan para algo más que para decidir si nos engaña y nos mete la mano en el bolsillo, un alcalde del PSOE o uno del PP.

Alejandro Cueli
Comisión agua pública.

viernes, 3 de septiembre de 2010

La comisión Agua Pública exige al PSOE y al PP revocar el cambio de tarifas del comercio

E. CAMPO
Las aguas siguen revueltas con la «corrección de errores» en las facturas del comercio que no pagaban hasta ahora tarifa industrial de agua y que encarecerá considerablemente muchos recibos. La comisión Agua Pública, defensora de la consulta popular para el cambio de gestión del servicio, entregó ayer sendas cartas a los líderes de los dos partidos mayoritarios en el Ayuntamiento, PSOE y PP, cuya alianza fue determinante para la puesta en marcha de la empresa mixta Aguas de Avilés. Los textos, firmados por Alejandro Cueli, Alicia González, Juan José Fernández y María del Carmen Rugarcía, recogen las afirmaciones de la Alcaldesa, Pilar Varela, y del portavoz del PP, Constantino Álvarez, en las que se garantizaba que el precio del agua no iba a subir con el cambio de gestión.


«Pocos meses después se plantea una propuesta de revisión de tarifas que, en la práctica, supone una abusiva subida del precio del agua para cerca de 2.000 establecimientos», aseguran los firmantes. Por eso Agua Pública exige a Álvarez y Varela que hagan el honor a sus promesas y antepongan los intereses de los votantes a los de la empresa. «Si tal y como afirmabais sólo el Pleno puede subir el precio del agua, lo obligado es que cumpláis vuestra palabra obligando a Aguas de Avilés a frenar una subida de precios tan desproporcionada como injusta».


Por otra parte el portavoz de IU, Fernando Díaz Rañón, arremetió contra la Alcaldesa y afirmó que decir que Aguas de Avilés cumple escrupulosamente con el pliego de adjudicación del servicio no es desmentir ni en una coma a sus críticas. «Ya se yo que la empresa aplica ordenanzas, unas ordenanzas que alguien apoyó primero». Y puntualizó: «Varela tiene que explicar a los comerciantes cómo es que les dijo que no iban a subir los recibos: esto demuestra que la Alcaldesa mintió desde el primer momento».



La plataforma del agua protesta ante el «tarifazo» que se aplicará a los comerciantes
J. L. GONZÁLEZ
http://www.lavozdeaviles.es/




Representantes de la Plataforma del agua, una entidad que recogió «21.000 firmas en contra de la privatización» del servicio, presentó ayer una protesta formal en el Ayuntamiento por el cambio de baremo que se aplicará a los comercios de Avilés y que califican como «tarifazo».
En su escrito, los representantes de esta pataforma ciudadana recuerdan las intervenciones en el Pleno de la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y del portavoz del PP, Constantino Álvarez, en las que señalaban que las subidas serían controladas por la Corporación y que, en todo caso, estaban limitadas a actualizaciones de las tasas de, como máximo, el Índice de Precios al Consumo. «La realidad es otra. Pocos meses después, la multinacional que controla 'Aguas de Avilés' plantea una propuesta de revisión de tarifas que en la práctica supone una abusiva subida del precio del agua para cerca de 2.000 establecimientos comerciales, hosteleros, despachos y oficinas de nuestro municipio», señala el escrito remitido al Ayuntamiento.


Los responsables de la plataforma del agua calculan que el incremento de las facturas de los afectados, cuya baremación varía de la categoría de uso doméstico a la de industrial, supondrá una subida del «500% en el consumo mínimo, pasando de 9,177 euros a 48,192, y más de un 40% por metro cúbico adicional».
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca ya ha comenzado a tramitar las reclamaciones de los afectados por una medida que, según señaló la alcaldesa de Avilés, estaba recogida en los pliegos de condiciones «que la Unión de Comerciantes vio» antes de que cambiase el modelo de gestión

miércoles, 1 de septiembre de 2010

«El agua se privatizó para hacer caja», dice IU ante el aumento del recibo

JESÚS GONZÁLEZ
Rañón reprocha a la UCAYC que ahora lamente la situación, cuando «antes se había manifestado a favor» del proceso.
El portavoz de Izquierda Unida y teniente de alcaldía, José Fernando Díaz Rañón, considera que el incremento del recibo evidencia que la gestión del agua «se privatizó con el único objetivo de hacer caja». Según el edil, las actuaciones emprendidas en los últimos meses por la sociedad Aguas de Avilés se han centrado en aumentar los ingresos y reducir los gastos en la gestión del suministro, y no en subsanar aquellas cuestiones «que se presentaron como prioritarias y que supuestamente eran la justificación para privatizar el servicio».
Díaz Rañón aludía de ese modo al hecho de que la renovación de aquellos tramos de red supuestamente obsoletos o la detección de fugas «son cuestiones que se dejan para más adelante cuando se habían señalado como prioritarias». «En realidad», barruntó el edil «parece que no lo eran tanto».
Lo que sí motivaba la privatización del servicio, «es el afán recaudatorio, que el Ayuntamiento cobre los 37 millones de euros del canon que tienen que salir de alguna parte», añadió. Y el origen de ese dinero no será otro que el aumento de los ingresos mediante la actualización de los recibos que venía abonando el comercio de la ciudad y reemplazando los contadores obsoletos. «Mucho nos tememos que el incremento del recibo es generalizado, aunque en cantidades que apenas percibe el abonado, más aún cuando en gran cantidad de edificios de Avilés el contador del agua es para toda la comunidad», indicó. Según Díaz Rañón, esas actuaciones, «que podrían haber sido emprendidas por el Ayuntamiento sin necesidad de privatizar nada», han permitido a Aguas de Avilés incrementar en un 50% los ingresos por el suministro del agua en apenas tres meses.
A ello se suma, indicó Díaz Rañón, la reducción de los gastos mediante la disminución del consumo de agua procedente de la red autonómica Cadasa, más cara que la de los manantiales y otros medios propios del Ayuntamiento.
Esa medida, prosiguió el concejal, puede suponer un perjuicio al sistema que rige el consorcio Cadasa, en el que los Ayuntamientos acuerdan garantizar un determinado nivel de consumo para favorecer la viabilidad económica de la red autonómica, «pensada para proveer de agua ya tratada para el consumo en aquellos concejos que no tienen medios económicos ni técnicos suficientes para garantizar el suministro».
Todo ello, añadió el edil, estaría orientado ahora «a buscar el beneficio económico» de los socios privados de la sociedad Aguas de Avilés, que han de aportar los 37 millones de euros del canon fijado para la privatización del servicio.
Comerciantes
Díaz Rañón reconoció ayer que, en ese proceso, los pequeños comercios, y especialmente la hostelería, se han visto perjudicados al aplicárseles la tarifa industrial en vez de la doméstica, como se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, reprochó «a la dirección de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca que protesten ahora cuando antes salieron públicamente defendiendo la privatización».
El edil recordó «que la aplicación de la tarifa industrial al comercio estaba en los pliegos» que rigieron el proceso, por lo que «si no lo sabían antes de emitir su opinión, tendrían que haberse enterado», añadió Díaz Rañón. El portavoz de IU recordó incluso que la dirección de la organización gremial tuvo la oportunidad de preguntar por ese extremo «en la reunión que mantuvieron con el PSOE para hablar del asunto».
Ante la situación que se está generando, con un importante incremento del recibo en el caso de un buen número de comercios de la ciudad, el portavoz de Izquierda Unida lamentó que «el tiempo acabe por darnos la razón». «Nos quedamos solos en contra de la privatización del agua, pero resulta que al final es Izquierda Unida quien tenía razón cuando decía que el recibo iba a subir», indicó el portavoz de la formación.

IU reabre la polémica por el cambio de gestión del agua y caldea el inicio del curso político

Amaya P. GIÓN
El grupo municipal IU reabrió ayer la polémica por el cambio de gestión del agua, que en su día supuso una crisis en el seno del gobierno local, caldeando el inicio del curso político. El portavoz de la coalición, Fernando Díaz Rañón, aprovechó las protestas de la Ucayc por el cambio de las tarifas que la sociedad Aguas de Avilés ha comenzado a aplicar a los comerciantes (la tarifa industrial por la doméstica) para presumir de que sus predicciones se están viendo cumplidas. Es más, Rañón arremetió contra la asociación que preside Daniel Quirós por haber apoyado «la privatización del servicio» sin leer el pliego de condiciones. «Ahora se rasgan las vestiduras cuando avalaron la posición que defendían los socialistas. ¿Cómo pueden apoyar una situación de la que desconocen las consecuencias?», planteó el portavoz de IU.

El también concejal de Vivienda aprovechó la oleada de protestas de los comerciantes para arremeter de nuevo contra el cambio de gestión del servicio de agua, que según su versión se traduce en «mayores ingresos y menos costes». «La facturación del agua se ha incrementado un 50 por ciento en el primer semestre del año. En 2009 la facturación del servicio fue de 4,5 millones y sólo entre enero y marzo de 2010 ya fue de dos millones. Parece que el tiempo nos da la razón», señaló el portavoz de la coalición.

Apelando a los datos que la sociedad mixta que gestiona el servicio ha remitido al Consistorio, Díaz Rañón subrayó que «lo único que ha hecho Aguas de Avilés durante estos seis meses ha sido ajustar los contadores y actualizar las tarifas que pagan los comerciantes» y alertó, además, de que la empresa «ha reducido el consumo de agua de Cadasa (Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias)».

«El incremento de los recibos los hemos visto todos. En año y medio o dos años volverán a subir las facturas, y no precisamente en relación al IPC», añadió el socio de gobierno, que también puso en duda el compromiso de Aguas de Avilés con la renovación de la red de suministro. «La propia empresa nos ha dicho que las fugas y la renovación de tuberías no son tan importantes, que lo van a dejar para el final. Precisamente eso a lo que no dan importancia es lo que el PSOE consideraba prioritario. Querían privatizar el agua y embolsar 37 millones de euros», protestó.

El portavoz de IU fue especialmente duro con los representantes de los comerciantes y hosteleros, que han visto cómo los recibos del agua se han incrementado en torno al 50 por ciento. «La Ucayc no puede mostrar ahora desconocimiento porque mostró su conformidad con el cambio de gestión del servicio. En su día se reunieron con el PSOE, no con IU. Nosotros les habríamos explicado gustosos las consecuencias de ese cambio», concluyó Díaz Rañón. Aguas de Avilés argumenta que no ha subido las tarifas a los establecimientos, sino que les aplica la tarifa comercial e industrial, ya que erróneamente venían pagando la doméstica.