lunes, 30 de marzo de 2009

La 'politización' de la plataforma por la gestión pública del agua

Belarmino Nieto Álvarez. Representante de UPyD en la Plataforma Ciudadana

Como miembro de la Comisión Permanente de la Plataforma por la Gestión Pública del Agua en Avilés, me gustaría puntualizar algunas cuestiones de las que se nos acusa desde diversos flancos simpatizantes, cuando no dependientes, de los partidos privatizadores.
Nos achacan que 'estamos politizados', que somos simple títeres de Izquierda Unida. Pues bien, como todo el mundo debería saber, aunque se obvie intencionadamente desde el poder, nuestra Plataforma la componen organizaciones muy diferentes y de un variado espectro social: desde colectivos vecinales (6 asociaciones más la Federación, principal impulsora de la Plataforma), hasta la Unión de Consumidores, pasando por sindicatos (todos los de la comarca, con la salvedad de la reciente e injustificable 'espantada' de una obediente UGT), y partidos políticos de diferentes tendencias. Entre ellos está IU (con un protagonismo hasta cierto punto normal, ya que dispone de dos concejales y en este proceso se enfrenta a su socio de gobierno municipal), pero también el PCA (poco sospechoso de hacer el juego a los anteriores, dadas sus conocidas diferencias) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD, el partido de Rosa Díez) que, aunque coincide con ambas formaciones en la defensa de la Consulta Popular, poco o nada tiene que ver con ellas en otros aspectos. Por otra parte, hemos recogido más de 21.000 firmas, el quíntuple amplio de los votos obtenidos por IU en las municipales 2007, y más del cuádruple de los conseguidos por la suma de todos los partidos integrados en la Plataforma. Luego está claro que la oposición a la privatización no es únicamente un empeño de las organizaciones citadas, sino un sentir mayoritario entre los ciudadanos de Avilés.
Por otra parte, se nos acusa de mentir a la gente a la hora de recoger las firmas, con el 'argumento' de que 'se privatiza el agua' cuando 'lo que se privatiza es el servicio'. ¡Qué absurda disquisición semántica! Es poco menos que suponer que los ciudadanos son analfabetos y no saben de sobra a qué nos referimos.
También se dice que pedimos la firma contra la privatización y no para exigir una consulta popular sobre el tipo de gestión. Quienes afirman tal cosa no han debido ver nunca de cerca los impresos de recogida de firmas, en cuyo encabezado figura claramente su finalidad, que además constituye uno de nuestros objetivos primordiales, ya que consideramos que tenemos derecho a decidir por las vías legales establecidas (léase 'Reglamento de Participación Ciudadana', aprobado por unanimidad de la anterior Corporación).
Cuando votamos en las últimas municipales ningún partido llevaba en su programa el asunto del cambio de gestión del agua; por ello, mantenemos que ahora no están legitimados para tomar decisiones por su cuenta sobre algo que no se nos consultó (más bien diría que se nos ocultó) entonces.
Por último, nos acusan de mentir a los ciudadanos atemorizándoles con la subida del recibo, mientras que en el pliego de condiciones se establecen una serie de pautas para que esto no suceda. Nosotros nos remitimos a la experiencia de las ciudades donde se ha privatizado el servicio, algunas de ellas bien próximas, en las que el agua se ha puesto a precio de oro. Algo lógico teniendo en cuenta que la finalidad de las empresas privadas es ganar dinero. Éstas suelen ser, además, especialistas en urdir triquiñuelas para incrementar la facturación (reajuste de tramos..) y en las técnicas de maquillaje de sus resultados para no sobrepasar el porcentaje de beneficios contemplado en los acuerdos con los Ayuntamientos: curiosamente, siempre ganan a tenor del límite pactado. Es decir: por mucho porcentaje que se tenga de participación pública nunca se puede asegurar que se garantiza el control efectivo y real de la empresa mixta, porque la gestión interna del componente privado siempre va a ser tan opaca como les convenga.
Por otra parte, el incumplimiento suele ser norma habitual, ante la pasividad de las administraciones municipales: véase el caso de la facturación en Langreo, o el de los compromisos inversores de Urbaser incumplidos en Avilés.
Por lo tanto, pediría a los partidos que promueven el cambio de gestión, y a nuestros ínclitos concejales en general que, en vez de dedicarse a intentar desprestigiar a la Plataforma, sean valientes y apoyen el derecho democrático de los avilesinos a pronunciarse. Y deberían pensárselo bien, porque seguramente les convenga más dejar que se expresen ahora que esperar a que les pasen factura en las municipales del 2011.

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