viernes, 6 de marzo de 2009

La plataforma del agua supera las 18.000 firmas.

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ASPECTOS LEGALES SOBRE LA CONSULTA POPULAR.

Un fallo del Supremo avala el referendo sobre el agua

El tribunal dicta una sentencia en Almuñécar que recoge este derecho.


Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 23 de setiembre del 2008 acerca de las consultas populares de ámbito local, avala el referendo que reclama la plataforma contra la privatización del agua. Esta sentencia fue entregada ayer en el consistorio por integrantes del citado colectivo, que ha recogido ya 18.000 firmas a favor de esta iniciativa.

El portavoz de la plataforma, Alejandro Cueli, junto a un grupo de representantes de la misma, llevaron al consistorio un escrito y una copia de la citada sentencia, que dilucidó el conflicto que existía entre el Ayuntamiento de Almuñécar, que quería convocar un referendo sobre su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Consejo de Ministros, que denegó su autorización.

La sentencia del Tribunal Supremo consagra el principio de autonomía local, que recoge la Constitución en sus artículos 137 y 140, y abre una puerta muy importante al municipalismo democrático y participativo, al dejar claro que la denegación de la autorización de la consulta popular "menoscaba el principio de legalidad y democracia que favorece la participación de los vecinos en los asuntos que atañen a la colectividad local".

UN INSTRUMENTO DE PARTICIPACION Por otra parte, resalta que es "un instrumento de participación de los vecinos sobre asuntos de competencia municipal" y considera que la decisión del Consejo de Ministros "es sólo un acto de control para que la solicitud se ajuste a los requisitos legales". Finalmente, tras la sentencia del Supremo, la consulta popular sobre el PGOU se realizó en Almuñécar el pasado el pasado 28 de febrero y fue aprobado por el 77,8% de votos favorables.


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IU caldea la polémica del agua con el buzoneo de un panfleto en el que, entre otras críticas, tilda de «antidemocrática» la «alianza» de PSOE y PP para el cambio de gestión del servicio del agua. «Lo que nos faltaba, ahora que la crisis provocada por la avaricia del sector privado nos asfixia, vender nuestra agua a una empresa privada, con ánimo de lucro», dice el editorial del periódico «Ciudadan@s», editado por Izquierda Xunida de Avilés. La polémica del agua estuvo a punto de hacer saltar por los aires el pacto local de gobierno (PSOE-IU) el pasado mes de enero, sólo el empeño de la alcaldesa, Pilar Varela, evitó que los socialistas diesen puerta a su socio de gobierno, hartos de su «deslealtad» y de los furibundos ataques a santo de la privatización del servicio del agua.

La coalición IU en el panfleto alerta una vez más a los vecinos de que si finalmente una empresa mixta toma el control del servicio, «el precio del agua subirá desmesuradamente en Avilés para pagar todo el tinglado: los millones de euros del canon más los intereses y el beneficio empresarial». IU critica, además, de que sólo dos empresas, Aguas de Barcelona y Aqualia, cumplen «los elevados requisitos de experiencia» exigidos por el Ayuntamiento para poder presentarse. «Ninguna empresa asturiana reúne requisitos suficientes para acceder al concurso», asevera.

IU aprovecha el boletín que buzoneará hoy para anunciar una jornada de debate sobre la gestión pública del agua, a celebrar en el centro de servicios universitarios el 12 de marzo. Asistirán Leandro del Moral, doctor por la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Ventura Fernández, de Ingenieros Sin Fronteras; Gonzalo Marín, de la Mesa del Agua de Madrid; Jaime Morell, del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, y Pedro Arrojo, doctor por la Universidad de Zaragoza.

El panfleto también describe la labor que está realizando la plataforma que critica la privatización del agua, como la iniciativa popular. De ello habló ayer Alejandro Cueli, portavoz de la plataforma, que ayer, junto a sus compañeros, se concentró delante de la sede del PSOE de Avilés para anunciar que ya se habían superado las 18.000 firmas de vecinos que piden un referéndum para elegir el modelo de gestión, más que los votos que recibieron los socialistas en las elecciones municipales de mayo de 2007. «Pedimos a la Alcaldesa que reflexione, que escuche a los ciudadanos que quieren referéndum», explicó Cueli. La plataforma, además, no dudará en convocar concentraciones «si el PSOE no para la privatización o no acepta la consulta popular». La previsión es que la entrega de las firmas recogidas se realice después del 20 de marzo para que, a continuación, sea debatida la propuesta en Pleno. «Si demora el debate, es una muestra más de que tienen algo que ocultar», declaró Cueli.

La Voz de Avilés.
La cifra rebasa «el número de votos del PSOE en las elecciones locales» Pedirán la consulta popular este mes

La plataforma cívica contra la privatización de la gestión del agua ha recogido ya más de 18.000 firmas, con lo que se cumple «nuestro objetivo de superar ampliamente los 17.585 votos obtenidos en las últimas elecciones municipales por la candidatura socialista».
El portavoz del colectivo y presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos La Unión, Alejandro Cueli, indicó que aún continuarán recogiendo firmas durante unos días, «pese a haber superado esa frontera simbólica y, de un modo mucho más amplio, el límite fijado para plantear que el cambio de gestión del suministro de agua sea motivo de una consulta popular».
En principio, la plataforma propondrá la convocatoria del Pleno municipal sobre el referéndum del agua en la segunda quincena de este mes, indicó Cueli. El colectivo, espera que a partir de ese momento los grupos municipales añadan la propuesta en el orden del día de uno de los plenos siguientes. La plataforma da por hecho que la consulta popular sobre la privatización de la gestión del agua será debatida. De hecho, confía también en que el referéndum llegue a convocarse o que «el Gobierno pare el proceso que ha iniciado» para cambiar el modelo de gestión del agua.
Por si hubiera alguna duda, los representantes de las distintas organizaciones políticas, cívicas y sindicales que integran la plataforma, presentaron ayer por registro una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre sobre las competencias a la hora de convocar esas consultas. Entre otros aspectos, el texto legal indica que «la denegación de la autorización de consulta popular local menoscaba el principio de legalidad democrático que favorece la participación de los vecinos en los asuntos que atañen a la colectividad local».

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