jueves, 1 de enero de 2009

PSOE, PP Y ASIA SE UNEN PARA CAMBIAR LA GESTION DEL SUMINISTRO.

El pleno da luz verde al plan a la privatización del agua en Avilés

IU dice que todo apunta "a que el gordo le va a tocar a Aqualia".


No hubo sorpresas. El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Avilés aprobó ayer el inició del proceso para privatizar el agua. En concreto, dio luz verde para crear la sociedad mixta que se encargará de la gestión del suministro con una participación del 26 por ciento del ayuntamiento en su capital y el 74% de la empresa privada a la que se adjudique. Los votos del PSOE, el PP y ASIA se unieron para sacar adelante la medida con la única oposición de los dos concejales de IU, socios de gobierno, por cierto, del PSOE.

La sesión plenaria de carácter extraordinario, comenzó a las nueve y media de la mañana y se celebró en medio de unas fuertes medidas de seguridad que quedaron patentes con la presencia de numerosos policías locales a la entrada del consistorio y en el interior del ayuntamiento y del salón de sesiones municipal.

Los vecinos de la plataforma en defensa de la gestión pública del servicio, acudieron al ayuntamiento con una pancarta. "Con el agua no se hace negocio", rezaba. Luego abarrotaron el salón de plenos y el portavoz Alejandro Cueli, leyó un comunicado. En el momento de la votación, se taparon las narices con unas pinzas, para dar a entender "que algo huele a podrido", explicó.

La concejal de IU Puri García criticó duramente la decisión. "Tienen los votos, pero no tienen la razón", dijo. Luego expresó sus "sospechas" sobre el proceso y manifestó que todo apunta "a que el gordo de la privatización le va a tocar a Aqualia", dando a entender que está "amañado".

EL INTERES GENERAL La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, intervino al final de la sesión para subrayar que la medida se toma "por el interés general" y defendió la necesidad de tener "una gestión del ciclo integral del agua eficiente". El concejal de Servicios Urbanos, Luis Huerga, sostuvo que es preciso renovar los 114 kilómetros de tuberías de cemento y amianto que la Unión Europea (UE) obligará a cambiar antes del año 2014 por la salud de los ciudadanos y que requiere una inversión que el ayuntamiento no puede hacer.

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