martes, 27 de enero de 2009

GESTIÓN DEL AGUA EN AVILÉS: ¿EMPRESA MIXTA?

Se habla de “empresa mixta”, cuando realmente no es así, ya que se pretende introducir un concepto semántico de equilibrio de gestión. Efectivamente la propiedad accionarial privada va a ser no del 50% sino de UN DESPROPORCIONADO 74%. Pero la GESTIÓN INTERNA VA A SER PRIVADA EN SU TOTALIDAD, es decir al 100%. ¿Y qué significa esto?, pues significa que al no conocer, ni PARTICIPAR de la gestión interna, el Ayuntamiento no puede saber con precisión si se cumplen o no las cláusulas contractuales. Es tan fácil como presentar los balances según interese. Todos sabemos que la “contabilidad creativa” es un recurso muy usado y salvo que la parte pública exija judicialmente una exhaustiva auditoría, nunca, insisto nunca se podrá valorar con precisión y certeza cuales son los números contables.

En España, existe un duopolio puro y duro formado por dos grupos empresariales, Aguas de Barcelona y FCC, - a través de Aqualia-, que controlan el 80% del negocio privado del agua. Lo que supone estructuras empresariales en las que no existe transparencia ni control público de su gestión.

La experiencia nos dice que en este tipo de contratos (25 años en este caso) la mayoría de las cláusulas no se cumplen, y no se cumplen sin que nadie se preocupe de hacerlas cumplir. Así por ejemplo, y es sólo uno de los muchos ejemplos, en la privatización del servicio de limpieza urbana que se firmó por parte del Ayuntamiento de Avilés hace ya unos años, se especificaban diversas e importantes inversiones a realizar, las cuales no se han llevado a cabo. Por otra parte la realidad es que lo que las empresas concesionarias hacen es ir rescindiendo los contratos de trabajo a medida que van finalizando (o lo que es lo mismo no los renueva a su término) y subcontratan en adelante a sus trabajadores (siempre en menor número) utilizando para ello a empresas de trabajo temporal(ETT), lo que supone siempre una disminución muy importante de los salarios y una precariedad laboral mayor, ya que la ley permite a estas ETT la contratación por periodos que respondan a las necesidades del "mercado", es decir meses, días e incluso horas.

Estudios, auditorías y contratos aparte, si una empresa privada como AQUALIA-Fomento de Construcciones y Contratas -por poner un ejemplo- invierte varias DECENAS DE MILLONES DE EUROS, es evidente que pretende ganar otro tanto, de manera que esos beneficios futuros sumados a los costes de inversión, más el canon, más los costes de explotación y de gestión, más la amortización, más los impuestos, únicamente pueden salir de un sitio, que es el bolsillo de los vecinos. No hay otro camino, lo contrario es un puro sofisma. Si todo eso lo cuantificamos, y los números son muy tozudos, veremos que no es posible llegar a cuadrar esas cuentas sólo por medio de la racionalización y la eficiencia. Todo ello unido a los nuevos gastos que habrá de acometer el Ayuntamiento: Devolución con intereses del canon, responsabilización y desembolso de las obras en superficie de las nuevas infraestructuras, pago del consumo de agua por parte del Ayuntamiento y pago del agua que usa Urbaser en la limpieza, se determinará un balance económico muy distinto del que nos intentan mostrar con sus números. Además, vuelvo a insistir, en TODOS LOS CASOS de privatización se han subido los recibos del agua independientemente de lo que se haya firmado o no.

No se trata de demonizar la gestión privada, nada más lejos de nuestra intención (es la nuestra una economía MIXTA de mercado), pero se trata de gestionar no un servicio cualquiera sino un bien público, por lo que las ventajas que para los consumidores podrían derivarse del libre mercado aquí no existen ya que la gestión del agua es un monopolio “de facto” y “de iure”.

Además, el ayuntamiento pierde el control del servicio, con el consiguiente debilitamiento de los organismos responsables de regular y controlar la planificación de los servicios del agua, precisamente por la subcontratación de los servicios. Tampoco se tienen en cuenta cuestiones medioambientales como la protección de los acuíferos o el respeto por los ecosistemas fluviales, y los beneficios no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio o a cualquier otro fin de interés social.

El plan de inversiones, en la práctica, no es más que una declaración de intenciones, que en cualquier caso harán en la medida y en el plazo que consideren conveniente para sus intereses. Intereses estos que a partir de la firma del contrato dejan de coincidir con los de los vecinos.

Efectivamente la empresa concesionaria va a procurar desde el primer día y a costa de lo que sea, que el servicio sea rentable ya que es EL PRIMER Y CASI EXCLUSIVO OBJETIVO, pero sobre todo lo demás existen muchas dudas y muy razonables.

Por lo demás, el mantener a ultranza que la gestión privada de un servicio siempre va a ser mejor que la pública (por especialización y cualificación profesional), significa caer en la tecnocracia, según la cual el propio Estado estaría mejor gestionado en su conjunto por profesionales que por políticos. La experiencia nos dice que eso no funciona nunca, porque la política, y por ende la gestión de lo público, ha de tener un matiz no sólo técnico sino también ético, que contemple principios y valores sociales como la igualdad, la libertad, el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente, etc, valores estos -nos guste o no- muy alejados de los intereses empresariales. Así una empresa puede decidir que es más rentable crear una buena infraestructura de distribución en una zona muy poblada (con más posibilidades de beneficios) que en una zona rural con baja densidad de población o realizar menos controles sanitarios de la calidad para ahorrar costes, o subir la tasa de "enganche", o cobrar por las gestiones, o prescindir de consideraciones sociales sobre las personas sin recursos, o evitar promover un cierto nivel de responsabilidad en el consumo, ya que cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua, choca con los intereses de la empresa privada (a mayor consumo, mayores beneficios). Otra de las consecuencias normales consecuentes a la gestión privada es que más allá de controles biológicos o legales, se produzca una pérdida subjetiva de la calidad del agua, sobre todo en parámetros difícilmente mensurables como el sabor y el olor, lo que produce un indeseable efecto secundario en cuanto a la necesidad y el incremento del consumo del agua mineral embotellada.

Lo que hay que pedir es que nuestros representantes políticos sean buenos gestores y que velen por los intereses de los ciudadanos, no por los de las empresas. En el caso del Ayuntamiento de Avilés, poco a poco, año tras año, se han ido detrayendo pequeñas cantidades que se deberían haber invertido para el mantenimiento de infraestructuras y la creación de otras nuevas, de manera que al final han llevado a la quiebra de la empresa municipal, y a que no haya más remedio que la privatización, y ESO es lo que queremos evidenciar, la incompetencia de la gestión por parte de los distintos gobiernos municipales. Gestión de la que son responsables ante los ciudadanos y a la que no pueden sustraerse “quitándose el muerto”. Pero en ningún caso esto significa que la gestión pública sea peor, sino que simplemente significa que ESTA gestión pública ha sido nefasta. Ejemplos de magnífica gestión pública del agua también existen, y ese ha de ser el modelo.



Javier Reig (Coordinador local de Unión, Progreso y Democracia UpyD-Avilés)

UPyD forma parte de La Plataforma en defensa de la gestión pública del agua

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