viernes, 28 de noviembre de 2008

Borrador: Manifiesto en defensa de la gestión pública del AGUA

Avilés, Diciembre de 2008

INTRODUCCIÓN
Ante el Pacto alcanzado entre los grupos municipales del PSOE y del PP del Ayuntamiento de Avilés, para iniciar el proceso de privatización del servicio de abastecimiento de agua potable en nuestra ciudad, un amplio grupo de personas y colectivos avilesinas, contrarios a la privatización de este servicio público esencial, nos hemos agrupado en una Plataforma en Defensa de la Gestión Pública del Agua.
En la actualidad, es el Ayuntamiento de Avilés quien, a través de su servicio municipal de Aguas, se encarga directamente del abastecimiento, tratamiento, distribución y depuración del agua en nuestra ciudad. Consideramos que en las actuales circunstancias, la privatización que nos proponen es manifiestamente innecesaria ya que el servicio de aguas es rentable para el Ayuntamiento, se presta de forma eficaz y, además, el agua llega a nuestros hogares con un precio razonable.
Esta Plataforma Ciudadana nace con el compromiso de informar a los avilesinos y avilesinas sobre las negativas consecuencias que tendría para ellos la privatización de este servicio básico: cuando los servicios públicos se entregan al lucro privado, las necesidades de los ciudadanos no interesan, sólo la cuenta de resultados.
Nos proponemos llevar adelante una amplia campaña de debate, concienciación y movilización social con un único objetivo: paralizar el proceso privatizador y amargarles la fiesta, garantizando la continuidad de un servicio de abastecimiento de aguas público y de calidad.
Son muchos e importantes los argumentos que desaconsejan vender el servicio de aguas. Sólo desde la implicación del conjunto de nuestra sociedad podremos impedir que el Ayuntamiento de Avilés lleve a cabo una privatización, de claro fin recaudatorio, contraria a los intereses del conjunto de la ciudadanía y que hipotecará por décadas el control social de un recurso tan vital como el agua.

EL AGUA, ESENCIA DE LA VIDA, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA ESPECULACIÓN

El agua, el gran tesoro de la Tierra y de la humanidad, esencial para la vida, es, por tanto, el recurso natural más imprescindible de todos. El agua constituye un bien de consumo básico universal, indispensable para la ingesta humana y un elemento irrenunciable del confort doméstico y de la calidad de vida urbana. Pero, además, el agua es una necesidad insustituible para una parte importante de las actividades productivas y para el sostenimiento de la biodiversidad, la belleza del paisaje, la calidad ambiental, la oferta lúdica y el bienestar general.
La ONU defiende que el acceso al agua potable y al saneamiento es un DERECHO HUMANO; la Carta del Agua firmada este año en Zaragoza con motivo de la reciente Exposición Universal, plantea, entre otras cuestiones, para garantizar este derecho:
· Que son los poderes públicos los que deben garantizar este derecho al agua.
· Que debe ser sometido a control público, la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
· Que los ciudadanos deben participar como corresponsables en la gestión integrada del agua y su sostenibilidad.
Es necesario conseguir un consumo responsable del agua por parte de la sociedad, las Administraciones, las empresas, la ciudadanía, y velar, también, por un consumo realmente sostenible de este recurso.
El hecho de ser un recurso limitado, cada vez más escaso, y, por tanto, más codiciado, está generando a su alrededor negocios de un alcance inimaginable, con unos beneficios crecientes y con expectativas de generar más rentabilidad a corto plazo.
Si bien el control del agua ha generado de siempre intereses de poder, actualmente, en plena crisis, se constata una especial prisa por hacerse con el control privado de este recurso, que se encuentra, cada día más, en el punto de mira de los intereses especulativos.

EL AGUA NO PUEDE SER UNA MERCANCÍA

La privatización de la gestión del agua supone dejar fuera del control público un bien esencial para la vida, y tratarlo como si fuera una mercancía más, convirtiendo en un negocio lo que es, y debe seguir siendo, un servicio público; el único interés que debe de priorizarse es el de los avilesinos y avilesinas y éste, entra en clara contradicción con los beneficios que pretende conseguir la futura empresa adjudicataria.
El agua, por su importancia, no puede estar expuesta a ciertas presiones, reglas y leyes del mercado como ocurre con los otros recursos naturales. No es éticamente aceptable una política y una economía que permiten a individuos privados sacar beneficios a partir de un bien patrimonial común, social, vital, no substituible. Las ganancias económicas de la gestión del agua deberían revertir, como ocurre por ejemplo en Gijón, en beneficio colectivo, social, común, del conjunto de la población y de las generaciones futuras.
Los avilesinos y avilesinas hemos de garantizar un uso racional del agua frente a las apetencias productivas y especulativas que despierta en políticos y empresarios. En el caso del agua, los intereses económicos de la empresa privada no coinciden con los del bienestar del conjunto de la sociedad. Nunca se ha de olvidar que, tanto en este sector como en cualquier otro, el único objetivo que guía las actuaciones de las empresas privadas es ganar dinero; por el contrario, cuando se trata de empresas públicas, la rentabilidad económica siempre debe ser compatible con los objetivos sociales y ambientales.
Sólo una gestión pública y de calidad del servicio de abastecimiento de agua puede ofrecer todas las garantías para que un bien tan importante como éste se gestione con criterios de interés público y en beneficio exclusivo de los usuarios. Así lo han terminado por reconocer ciudades como París, Zaragoza, Postdam, Atlanta o Buenos Aires, ciudades todas ellas que, habiendo optado por gestionar el agua a través de empresas privadas, han terminado por volver a la gestión pública.

¿QUIÉN PAGARÁ LA PRIVATIZACIÓN?

Mientras que un Ayuntamiento no puede hacer negocio del agua, ya que sólo ha de cobrar los costes de mantenimiento y mejora del servicio, está claro que una empresa privada, si entra en este negocio, no es por altruismo, sino para obtener la mayor rentabilidad económica posible. Dicho de otra manera, se va a producir una subida abusiva del recibo del agua al tener los avilesinos que hacer frente, de su bolsillo, no sólo a los beneficios de explotación de la empresa privada, sino también a la amortización del canon millonario que ésta va a pagar al Ayuntamiento en concepto de peaje para obtener la adjudicación, más los intereses de mercado del mismo.
En España, la gestión privada del agua es, en la práctica, un monopolio ya que ésta se reparte entre dos grupos multiservicios de carácter multinacional: Aguas de Barcelona (la Caixa) y Fomento de Construcciones y Contratas (AQUALIA), que unas veces se alían mediante participaciones cruzadas, y otras compiten con una gran voracidad expansionista. Ambas empresas se han convertido en auténticos grupos de presión que actúan sobre los partidos e instituciones para hacerse con el mercado del agua. El negocio es redondo ya que el factor riesgo no existe, al no tener competencia y facturar un bien público en el que no hay posibilidad de crisis: cuando la demanda está garantizada, las ganancias están aseguradas.
Además, se trata de un negocio subvencionado: la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas garantiza que la concesión tiene que tener equilibrio financiero - económico. Por tanto, si por cualquier circunstancia cambian las condiciones contractuales y la empresa pierde dinero, el Ayuntamiento se verá obligado a aprobar una subida de tarifas que compense las citadas pérdidas. Es decir, los precios del agua, como ya ocurre con la electricidad, se fijarán en función del interés de las empresas.
Con la privatización de un bien público como el agua, tan básico y esencial, se está atacando la cohesión social y el bienestar colectivo. La subida del precio del agua no va a tener ningún carácter progresivo, ni progresista; será mayor para aquellos domicilios en que vivan más personas y quienes más se resentirán de las subidas van a ser aquellos avilesinos que menos tienen y que, con la actual crisis, mayores dificultades están teniendo para llegar a fin de mes.

EL PORQUÉ DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, el Servicio de Aguas Potables del Ayuntamiento de Avilés cuenta con un equipo de trabajadores que con su profesionalidad, han conseguido garantizar que el suministro a los ciudadanos, en el día a día, haya sido correcto, y presenta, además, unas cuentas saneadas; por eso suscita el interés de los empresarios privados.
El servicio de agua no es una carga para las arcas municipales; con los números actuales de facturación, tiene superávit, un dato especialmente significativo si tenemos en cuenta que ochocientos contadores no están dados de alta en el padrón y que no se factura tampoco el millón de metros cúbicos de agua consumido por los diferentes edificios e instalaciones municipales, así como el agua utilizada por el concesionario del servicio de recogida de basuras.
Los argumentos catastrofistas sobre la situación actual de nuestra red de aguas son exagerados y tendenciosos, sólo buscan justificar lo injustificable, la necesidad de la privatización; saben de sobra que la situación no es mala y que buena parte de nuestra red está completamente renovada. Las deficiencias que pudieran existir en la red de aguas, lo único que pondrían en evidencia es la incompetencia en la gestión de unos concejales que llevan años sin trabajar para mejorar la eficiencia del servicio.
Las necesidades de inversión en la red de aguas podrían ser afrontadas sin generar ninguna carga a las arcas municipales y de forma más ventajosa para los usuarios, copiando el exitoso modelo de gestión pública existente en muchas ciudades, creando una empresa municipal del agua 100% pública.

UNA DECISIÓN ANTIDEMOCRÁTICA Y OSCURA

Durante la campaña para las últimas elecciones municipales, el PSOE avilesino no fue honesto, ya que la propuesta de privatizar el agua no fue incluida en su programa de gobierno ni tampoco fue mencionada durante toda la campaña electoral. Quedó evidenciado su escaso talante democrático, y que ocultaron sus intenciones con mala fe, cuando nada más pasar las votaciones, forzaron a que en el Pacto de Gobierno con IU se incluyese, como discrepancia pactada, la privatización del agua.
Ahora siguen igual; a sabiendas de la impopularidad de la privatización, a falta de argumentos convincentes que exponer a los avilesinos, pretenden aprobar su propuesta con oscurantismo, prisas y engaños; tratan de evitar a toda costa el debate político y social que una decisión de tanta trascendencia requiere.
La ocultación del PSOE local de sus propósitos, tanto a los votantes socialistas como al resto de la sociedad, es un fraude a las prácticas en que se basa nuestro sistema democrático. El no haber informado a los avilesinos de sus propósitos privatizadores en tiempo y forma, les inhabilita, salvo mediar una consulta popular, para comprometer la gestión del agua durante décadas, decidiendo así en nombre de futuros gobiernos municipales e, incluso, de generaciones futuras.
La actitud socialista de actuar a espaldas de los ciudadanos es, además, un claro ejemplo de hipocresía política ya que en Avilés defienden unas propuestas privatizadoras que ellos mismos combatieron en Castrillón, y que su propia ejecutiva rechaza expresamente a nivel estatal.
La falta de transparencia y los engaños con que se está llevando todo el proceso privatizador son intolerables por burdos, y representan un auténtico insulto a la inteligencia de los avilesinos. Tras la constitución de la Plataforma del agua, la Alcaldesa mentía, una vez más, a sabiendas, criticando por “demagógicos” a los colectivos que la impulsábamos, pues, según ella,“no existía ningún proyecto ni planteado ni siquiera estudiado”; a los pocos días, los medios de comunicación recogían la propuesta socialista para la creación de una empresa mixta denominada “Aguas de Avilés S.L” en la cual, el 74% de las acciones estarían en manos de capital privado.
Han hecho público un informe para justificar y regular la privatización, tan extenso y pormenorizado, como tendencioso y falaz, ya que ni siquiera fue elaborado por los técnicos municipales competentes, sino por los cargos de confianza que ellos mismos nombraron a dedo. Un cargo de confianza, como su propio nombre indica, nunca puede traicionar la confianza de quien lo nombro; lógicamente escriben al dictado; visten, defienden y argumentan lo que haga falta; saben que en ello les va el generoso sueldo que cobran, por eso sus opiniones suelen tener escaso valor y ningún rigor.
No hay que ser muy mal pensado para concluir que la propuesta privatizadora, en vez de pretender defender los intereses del conjunto de la sociedad, está condicionada por los intereses de un influyente y poderoso grupo económico; son intensos los rumores de que el Pacto privatizador entre el PSOE y el PP se extiende también a AQUALIA, empresa que, incluso, habría impuesto muchos de los términos concretos que se van a incluir en el pliego de condiciones que va a regular la concesión.
De confirmarse las negociaciones secretas con una empresa para entregarle, a cambio de un canon millonario, la concesión del agua en Avilés en régimen de monopolio, se estaría incluso incurriendo en un delito, al vulnerar las reglas de la libre competencia y la imprescindible neutralidad y rigor en las adjudicaciones de la Administración Pública.

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA

Uno de los principales "argumentos" que se utilizan para tratar de justificar esta privatización, como todas las demás, es la necesidad de conseguir recursos económicos extrapresupuestarios para realizar inversiones en la ciudad. Esta estrategia es económicamente insostenible a medio plazo. Antes fue el servicio de limpieza y recogida de basuras; después, la ORA; ahora quieren privatizar la gestión del agua a la que, sin duda, seguirán otros servicios. Pero, ¿cómo cuadraremos los presupuestos cuando no quede nada para privatizar o para vender?
La obligación de un gobierno municipal es reclamar una mejor financiación de los ayuntamientos por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, petición más que razonable cuando los ayuntamientos, como administraciones más próximas a los ciudadanos, cada día han de satisfacer mayores demandas de la sociedad. Pero mientras no se consiga un modelo de financiación satisfactorio, es evidente que hay que establecer prioridades, pero de ninguna manera utilizar el recurso fácil de la privatización de servicios esenciales.

¿QUÉ POLÍTICA MUNICIPAL DE AGUAS NECESITAMOS?

Nuestra sociedad es cada día más consciente de que el agua es un bien escaso, en cantidad y calidad, que requiere una nueva forma de gestión dirigida a la conservación del recurso. No se puede seguir contemplando el abastecimiento de aguas como una actividad que se limita a la extracción y distribución de agua potable, desentendiéndose del destino y la manera como se utilizan los caudales que suministra.
La clave de una adecuada política de aguas urbanas está en utilizar diversos instrumentos que permiten potenciar el ahorro y el uso racional del agua, de manera que, con técnicas y prácticas apropiadas, se obtengan los mismos servicios, pero con un consumo menor.
Entre los instrumentos principales destacan la participación, concienciación y educación ciudadana; el incremento de los rendimientos de la red de distribución; las mejoras de eficiencia en los puntos de uso; el ajuste de la calidad de agua a las exigencias de cada uso (por ejemplo, no se necesita la misma calidad para beber o cocinar que para limpiar las calles); la reutilización de las aguas depuradas en sustitución de algunos usos urbanos e industriales que exigen menor calidad; y el desarrollo de nuevas estructuras tarifarias que fomenten el ahorro.
En cuanto a la cuestión de las tarifas, la finalidad ha de ser conciliar la disuasión de usos despilfarradores y la moderación general de los consumos, con la garantía de un nivel básico de dotación doméstica a precios asequibles para todos los sectores sociales.
Una política de aguas como la que proponemos permite reducir las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, consiguiendo un precio del agua altamente competitivo que permite abaratar el suministro básico al conjunto de los usuarios, mejorar el servicio y reducir la presión sobre los recursos naturales de agua.
Pero si la gestión del agua se privatiza, cualquier política tendente a la disminución del consumo entra en contradicción con los intereses de la empresa concesionaria, ya que sus beneficios dependen de la facturación de la mayor cantidad posible de agua.
La gestión privada del agua imposibilita la creación de cauces de participación y control ciudadano en su gestión y crea dificultades para que los ciudadanos puedan ver atendidas, con éxito, sus reclamaciones individuales.
Además, la privatización del agua en Avilés impediría que se pudiera llevar adelante, en el futuro, una gestión pública Comarcal que, con un mayor grado de especialización técnica y humana, posibilitaría abaratar costes y mejorar la eficiencia, sin desentenderse del control directo de la gestión.

PAREMOS LA PRIVATIZACIÓN

Los componentes de la Plataforma en defensa de la gestión pública del agua nos oponemos frontalmente a la privatización que nos proponen el PSOE y el PP. Pensamos que el agua que llega a nuestros hogares nunca debe ser gestionada por una empresa con ánimo de lucro. Resumiendo, para nosotros la privatización es el problema, no la solución.
Existen muchos servicios públicos de agua bien gestionados en España: el Canal Isabel II (Madrid), la Empresa Municipal de Aguas (Gijón), el Consorcio del Gran Bilbao, EMASESA (Sevilla), EMACSA(Córdoba), EMAYA (Palma de Mallorca), etc, que se encuentran entre los modelos más eficaces y eficientes de gestión y que cuentan, además, con el apoyo de la ciudadanía ya que han demostrado que dan un buen servicio, es compatible con tarifas razonables y con unas buenas condiciones laborales de los trabajadores de la empresa.
De salir adelante la propuesta privatizadora, se pondría en manos privadas una parte fundamental y estratégica de nuestro patrimonio público, perdiendo además el Ayuntamiento el control de un servicio básico para la ciudadanía.

La privatización, al igual que ha ocurrido en otras ciudades, provocará un aumento considerable en la cuantía del recibo del agua que pagamos los usuarios, al igual que ya ha ocurrido con otros consumos también imprescindibles como la luz o el gas, que han visto multiplicado su precio; la gestión privada empeora, además, las condiciones laborales de los trabajadores del servicio, y todo ello, únicamente, en beneficio de la empresa privada que gestione el suministro.

No tiene sentido recurrir a las privatizaciones en Avilés cuando en el mundo entero, políticos de todas las ideologías, recurren a las nacionalizaciones y a la intervención directa en el mercado. La actual crisis está precisamente provocada por la codicia del mercado y el fracaso de la ideología neoliberal, que pretendía transferir a empresas privadas todos los servicios públicos, desde el agua a la electricidad pasando por la enseñanza, la sanidad, la Seguridad Social, las autopistas…

El único comportamiento democrático, cuando se pretende tomar una decisión de este calado, es someterlo a la consideración de la ciudadanía. Ya que no se hizo durante la campaña electoral, el proceso de toma de decisión debe desarrollarse, ahora, de forma transparente, propiciando un debate sereno sobre los pros y los contras de los distintos sistemas de gestión posibles, para que, finalmente, seamos los avilesinos y avilesinas quienes, vía Referéndum, tomemos la decisión que consideramos más conveniente para la gestión futura del agua en Avilés.

La Plataforma, a través de este Manifiesto en defensa de la Gestión pública del agua en Avilés, defendemos un modelo de gestión del agua que, desde lo público, garantice la calidad del servicio mediante el ahorro en los consumos, la transparencia en la gestión y el control y la participación real de la ciudadanía. Nuestra única prioridad es el interés colectivo de los avilesinos, por encima del interés privado de las empresas o de los afanes recaudatorios de los partidos políticos que proponen la privatización.

Hacemos un llamamiento a todos los usuarios de la red de aguas y a todas las asociaciones y colectivos avilesinos a apoyar este Manifiesto.

Como decía José Saramago: “Alguien no está cumpliendo con su deber. No lo están haciendo los que gobiernan, porque no saben, porque no pueden, o por que no quieren. Tomemos entonces, nosotros los ciudadanos la palabra”


Avilés Diciembre de 2008

3 comentarios:

Anónimo dijo...

que no os cuente cuentos,el agua debe de ser publica y nunca privada .esta formula de privatizar solo trae oscurantismo politico y dinero hacia algunos politicos para que cedan antes las presiones de aqualia que mal paga sus trabajadores y trabaja como una gran mafia,sino callas.....te....solo presiones y formula mafiosa.

Anónimo dijo...

El agua limpia y clara, llega todos los días a nuestros hogares a un precio razonable. Nuestros concejales de la derecha avilesina dicen... ¡Esto no puede ser!, se tiene que terminar. Se monta una reunión de 4 amigos iluminados y solucionado el tema. Arestegui, Alvaro, Ovidio y Javier Fernandez, deciden por 83.000 avilesinos. ¿Cómo sería el arreglo?...decia mi abuela que..."andando entre el cuchu, siempre queda algo entre les uñes"

Anónimo dijo...

La privatización y sus consecuencias. El efecto inmediato que pagaremos los ciudadanos (lo mismo que ocurrió en todos los países de todos los continentes), será el aumento espectacular del precio del agua que, por fuerza, perjudicara especialmente a los más pobres y que es fruto de la política de inspiración neoliberal del PSOE avilesino, que aboga por la explotación del agua, como un negocio mas.