viernes, 28 de noviembre de 2008

Borrador: Manifiesto en defensa de la gestión pública del AGUA

Avilés, Diciembre de 2008

INTRODUCCIÓN
Ante el Pacto alcanzado entre los grupos municipales del PSOE y del PP del Ayuntamiento de Avilés, para iniciar el proceso de privatización del servicio de abastecimiento de agua potable en nuestra ciudad, un amplio grupo de personas y colectivos avilesinas, contrarios a la privatización de este servicio público esencial, nos hemos agrupado en una Plataforma en Defensa de la Gestión Pública del Agua.
En la actualidad, es el Ayuntamiento de Avilés quien, a través de su servicio municipal de Aguas, se encarga directamente del abastecimiento, tratamiento, distribución y depuración del agua en nuestra ciudad. Consideramos que en las actuales circunstancias, la privatización que nos proponen es manifiestamente innecesaria ya que el servicio de aguas es rentable para el Ayuntamiento, se presta de forma eficaz y, además, el agua llega a nuestros hogares con un precio razonable.
Esta Plataforma Ciudadana nace con el compromiso de informar a los avilesinos y avilesinas sobre las negativas consecuencias que tendría para ellos la privatización de este servicio básico: cuando los servicios públicos se entregan al lucro privado, las necesidades de los ciudadanos no interesan, sólo la cuenta de resultados.
Nos proponemos llevar adelante una amplia campaña de debate, concienciación y movilización social con un único objetivo: paralizar el proceso privatizador y amargarles la fiesta, garantizando la continuidad de un servicio de abastecimiento de aguas público y de calidad.
Son muchos e importantes los argumentos que desaconsejan vender el servicio de aguas. Sólo desde la implicación del conjunto de nuestra sociedad podremos impedir que el Ayuntamiento de Avilés lleve a cabo una privatización, de claro fin recaudatorio, contraria a los intereses del conjunto de la ciudadanía y que hipotecará por décadas el control social de un recurso tan vital como el agua.

EL AGUA, ESENCIA DE LA VIDA, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA ESPECULACIÓN

El agua, el gran tesoro de la Tierra y de la humanidad, esencial para la vida, es, por tanto, el recurso natural más imprescindible de todos. El agua constituye un bien de consumo básico universal, indispensable para la ingesta humana y un elemento irrenunciable del confort doméstico y de la calidad de vida urbana. Pero, además, el agua es una necesidad insustituible para una parte importante de las actividades productivas y para el sostenimiento de la biodiversidad, la belleza del paisaje, la calidad ambiental, la oferta lúdica y el bienestar general.
La ONU defiende que el acceso al agua potable y al saneamiento es un DERECHO HUMANO; la Carta del Agua firmada este año en Zaragoza con motivo de la reciente Exposición Universal, plantea, entre otras cuestiones, para garantizar este derecho:
· Que son los poderes públicos los que deben garantizar este derecho al agua.
· Que debe ser sometido a control público, la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
· Que los ciudadanos deben participar como corresponsables en la gestión integrada del agua y su sostenibilidad.
Es necesario conseguir un consumo responsable del agua por parte de la sociedad, las Administraciones, las empresas, la ciudadanía, y velar, también, por un consumo realmente sostenible de este recurso.
El hecho de ser un recurso limitado, cada vez más escaso, y, por tanto, más codiciado, está generando a su alrededor negocios de un alcance inimaginable, con unos beneficios crecientes y con expectativas de generar más rentabilidad a corto plazo.
Si bien el control del agua ha generado de siempre intereses de poder, actualmente, en plena crisis, se constata una especial prisa por hacerse con el control privado de este recurso, que se encuentra, cada día más, en el punto de mira de los intereses especulativos.

EL AGUA NO PUEDE SER UNA MERCANCÍA

La privatización de la gestión del agua supone dejar fuera del control público un bien esencial para la vida, y tratarlo como si fuera una mercancía más, convirtiendo en un negocio lo que es, y debe seguir siendo, un servicio público; el único interés que debe de priorizarse es el de los avilesinos y avilesinas y éste, entra en clara contradicción con los beneficios que pretende conseguir la futura empresa adjudicataria.
El agua, por su importancia, no puede estar expuesta a ciertas presiones, reglas y leyes del mercado como ocurre con los otros recursos naturales. No es éticamente aceptable una política y una economía que permiten a individuos privados sacar beneficios a partir de un bien patrimonial común, social, vital, no substituible. Las ganancias económicas de la gestión del agua deberían revertir, como ocurre por ejemplo en Gijón, en beneficio colectivo, social, común, del conjunto de la población y de las generaciones futuras.
Los avilesinos y avilesinas hemos de garantizar un uso racional del agua frente a las apetencias productivas y especulativas que despierta en políticos y empresarios. En el caso del agua, los intereses económicos de la empresa privada no coinciden con los del bienestar del conjunto de la sociedad. Nunca se ha de olvidar que, tanto en este sector como en cualquier otro, el único objetivo que guía las actuaciones de las empresas privadas es ganar dinero; por el contrario, cuando se trata de empresas públicas, la rentabilidad económica siempre debe ser compatible con los objetivos sociales y ambientales.
Sólo una gestión pública y de calidad del servicio de abastecimiento de agua puede ofrecer todas las garantías para que un bien tan importante como éste se gestione con criterios de interés público y en beneficio exclusivo de los usuarios. Así lo han terminado por reconocer ciudades como París, Zaragoza, Postdam, Atlanta o Buenos Aires, ciudades todas ellas que, habiendo optado por gestionar el agua a través de empresas privadas, han terminado por volver a la gestión pública.

¿QUIÉN PAGARÁ LA PRIVATIZACIÓN?

Mientras que un Ayuntamiento no puede hacer negocio del agua, ya que sólo ha de cobrar los costes de mantenimiento y mejora del servicio, está claro que una empresa privada, si entra en este negocio, no es por altruismo, sino para obtener la mayor rentabilidad económica posible. Dicho de otra manera, se va a producir una subida abusiva del recibo del agua al tener los avilesinos que hacer frente, de su bolsillo, no sólo a los beneficios de explotación de la empresa privada, sino también a la amortización del canon millonario que ésta va a pagar al Ayuntamiento en concepto de peaje para obtener la adjudicación, más los intereses de mercado del mismo.
En España, la gestión privada del agua es, en la práctica, un monopolio ya que ésta se reparte entre dos grupos multiservicios de carácter multinacional: Aguas de Barcelona (la Caixa) y Fomento de Construcciones y Contratas (AQUALIA), que unas veces se alían mediante participaciones cruzadas, y otras compiten con una gran voracidad expansionista. Ambas empresas se han convertido en auténticos grupos de presión que actúan sobre los partidos e instituciones para hacerse con el mercado del agua. El negocio es redondo ya que el factor riesgo no existe, al no tener competencia y facturar un bien público en el que no hay posibilidad de crisis: cuando la demanda está garantizada, las ganancias están aseguradas.
Además, se trata de un negocio subvencionado: la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas garantiza que la concesión tiene que tener equilibrio financiero - económico. Por tanto, si por cualquier circunstancia cambian las condiciones contractuales y la empresa pierde dinero, el Ayuntamiento se verá obligado a aprobar una subida de tarifas que compense las citadas pérdidas. Es decir, los precios del agua, como ya ocurre con la electricidad, se fijarán en función del interés de las empresas.
Con la privatización de un bien público como el agua, tan básico y esencial, se está atacando la cohesión social y el bienestar colectivo. La subida del precio del agua no va a tener ningún carácter progresivo, ni progresista; será mayor para aquellos domicilios en que vivan más personas y quienes más se resentirán de las subidas van a ser aquellos avilesinos que menos tienen y que, con la actual crisis, mayores dificultades están teniendo para llegar a fin de mes.

EL PORQUÉ DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, el Servicio de Aguas Potables del Ayuntamiento de Avilés cuenta con un equipo de trabajadores que con su profesionalidad, han conseguido garantizar que el suministro a los ciudadanos, en el día a día, haya sido correcto, y presenta, además, unas cuentas saneadas; por eso suscita el interés de los empresarios privados.
El servicio de agua no es una carga para las arcas municipales; con los números actuales de facturación, tiene superávit, un dato especialmente significativo si tenemos en cuenta que ochocientos contadores no están dados de alta en el padrón y que no se factura tampoco el millón de metros cúbicos de agua consumido por los diferentes edificios e instalaciones municipales, así como el agua utilizada por el concesionario del servicio de recogida de basuras.
Los argumentos catastrofistas sobre la situación actual de nuestra red de aguas son exagerados y tendenciosos, sólo buscan justificar lo injustificable, la necesidad de la privatización; saben de sobra que la situación no es mala y que buena parte de nuestra red está completamente renovada. Las deficiencias que pudieran existir en la red de aguas, lo único que pondrían en evidencia es la incompetencia en la gestión de unos concejales que llevan años sin trabajar para mejorar la eficiencia del servicio.
Las necesidades de inversión en la red de aguas podrían ser afrontadas sin generar ninguna carga a las arcas municipales y de forma más ventajosa para los usuarios, copiando el exitoso modelo de gestión pública existente en muchas ciudades, creando una empresa municipal del agua 100% pública.

UNA DECISIÓN ANTIDEMOCRÁTICA Y OSCURA

Durante la campaña para las últimas elecciones municipales, el PSOE avilesino no fue honesto, ya que la propuesta de privatizar el agua no fue incluida en su programa de gobierno ni tampoco fue mencionada durante toda la campaña electoral. Quedó evidenciado su escaso talante democrático, y que ocultaron sus intenciones con mala fe, cuando nada más pasar las votaciones, forzaron a que en el Pacto de Gobierno con IU se incluyese, como discrepancia pactada, la privatización del agua.
Ahora siguen igual; a sabiendas de la impopularidad de la privatización, a falta de argumentos convincentes que exponer a los avilesinos, pretenden aprobar su propuesta con oscurantismo, prisas y engaños; tratan de evitar a toda costa el debate político y social que una decisión de tanta trascendencia requiere.
La ocultación del PSOE local de sus propósitos, tanto a los votantes socialistas como al resto de la sociedad, es un fraude a las prácticas en que se basa nuestro sistema democrático. El no haber informado a los avilesinos de sus propósitos privatizadores en tiempo y forma, les inhabilita, salvo mediar una consulta popular, para comprometer la gestión del agua durante décadas, decidiendo así en nombre de futuros gobiernos municipales e, incluso, de generaciones futuras.
La actitud socialista de actuar a espaldas de los ciudadanos es, además, un claro ejemplo de hipocresía política ya que en Avilés defienden unas propuestas privatizadoras que ellos mismos combatieron en Castrillón, y que su propia ejecutiva rechaza expresamente a nivel estatal.
La falta de transparencia y los engaños con que se está llevando todo el proceso privatizador son intolerables por burdos, y representan un auténtico insulto a la inteligencia de los avilesinos. Tras la constitución de la Plataforma del agua, la Alcaldesa mentía, una vez más, a sabiendas, criticando por “demagógicos” a los colectivos que la impulsábamos, pues, según ella,“no existía ningún proyecto ni planteado ni siquiera estudiado”; a los pocos días, los medios de comunicación recogían la propuesta socialista para la creación de una empresa mixta denominada “Aguas de Avilés S.L” en la cual, el 74% de las acciones estarían en manos de capital privado.
Han hecho público un informe para justificar y regular la privatización, tan extenso y pormenorizado, como tendencioso y falaz, ya que ni siquiera fue elaborado por los técnicos municipales competentes, sino por los cargos de confianza que ellos mismos nombraron a dedo. Un cargo de confianza, como su propio nombre indica, nunca puede traicionar la confianza de quien lo nombro; lógicamente escriben al dictado; visten, defienden y argumentan lo que haga falta; saben que en ello les va el generoso sueldo que cobran, por eso sus opiniones suelen tener escaso valor y ningún rigor.
No hay que ser muy mal pensado para concluir que la propuesta privatizadora, en vez de pretender defender los intereses del conjunto de la sociedad, está condicionada por los intereses de un influyente y poderoso grupo económico; son intensos los rumores de que el Pacto privatizador entre el PSOE y el PP se extiende también a AQUALIA, empresa que, incluso, habría impuesto muchos de los términos concretos que se van a incluir en el pliego de condiciones que va a regular la concesión.
De confirmarse las negociaciones secretas con una empresa para entregarle, a cambio de un canon millonario, la concesión del agua en Avilés en régimen de monopolio, se estaría incluso incurriendo en un delito, al vulnerar las reglas de la libre competencia y la imprescindible neutralidad y rigor en las adjudicaciones de la Administración Pública.

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA

Uno de los principales "argumentos" que se utilizan para tratar de justificar esta privatización, como todas las demás, es la necesidad de conseguir recursos económicos extrapresupuestarios para realizar inversiones en la ciudad. Esta estrategia es económicamente insostenible a medio plazo. Antes fue el servicio de limpieza y recogida de basuras; después, la ORA; ahora quieren privatizar la gestión del agua a la que, sin duda, seguirán otros servicios. Pero, ¿cómo cuadraremos los presupuestos cuando no quede nada para privatizar o para vender?
La obligación de un gobierno municipal es reclamar una mejor financiación de los ayuntamientos por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, petición más que razonable cuando los ayuntamientos, como administraciones más próximas a los ciudadanos, cada día han de satisfacer mayores demandas de la sociedad. Pero mientras no se consiga un modelo de financiación satisfactorio, es evidente que hay que establecer prioridades, pero de ninguna manera utilizar el recurso fácil de la privatización de servicios esenciales.

¿QUÉ POLÍTICA MUNICIPAL DE AGUAS NECESITAMOS?

Nuestra sociedad es cada día más consciente de que el agua es un bien escaso, en cantidad y calidad, que requiere una nueva forma de gestión dirigida a la conservación del recurso. No se puede seguir contemplando el abastecimiento de aguas como una actividad que se limita a la extracción y distribución de agua potable, desentendiéndose del destino y la manera como se utilizan los caudales que suministra.
La clave de una adecuada política de aguas urbanas está en utilizar diversos instrumentos que permiten potenciar el ahorro y el uso racional del agua, de manera que, con técnicas y prácticas apropiadas, se obtengan los mismos servicios, pero con un consumo menor.
Entre los instrumentos principales destacan la participación, concienciación y educación ciudadana; el incremento de los rendimientos de la red de distribución; las mejoras de eficiencia en los puntos de uso; el ajuste de la calidad de agua a las exigencias de cada uso (por ejemplo, no se necesita la misma calidad para beber o cocinar que para limpiar las calles); la reutilización de las aguas depuradas en sustitución de algunos usos urbanos e industriales que exigen menor calidad; y el desarrollo de nuevas estructuras tarifarias que fomenten el ahorro.
En cuanto a la cuestión de las tarifas, la finalidad ha de ser conciliar la disuasión de usos despilfarradores y la moderación general de los consumos, con la garantía de un nivel básico de dotación doméstica a precios asequibles para todos los sectores sociales.
Una política de aguas como la que proponemos permite reducir las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, consiguiendo un precio del agua altamente competitivo que permite abaratar el suministro básico al conjunto de los usuarios, mejorar el servicio y reducir la presión sobre los recursos naturales de agua.
Pero si la gestión del agua se privatiza, cualquier política tendente a la disminución del consumo entra en contradicción con los intereses de la empresa concesionaria, ya que sus beneficios dependen de la facturación de la mayor cantidad posible de agua.
La gestión privada del agua imposibilita la creación de cauces de participación y control ciudadano en su gestión y crea dificultades para que los ciudadanos puedan ver atendidas, con éxito, sus reclamaciones individuales.
Además, la privatización del agua en Avilés impediría que se pudiera llevar adelante, en el futuro, una gestión pública Comarcal que, con un mayor grado de especialización técnica y humana, posibilitaría abaratar costes y mejorar la eficiencia, sin desentenderse del control directo de la gestión.

PAREMOS LA PRIVATIZACIÓN

Los componentes de la Plataforma en defensa de la gestión pública del agua nos oponemos frontalmente a la privatización que nos proponen el PSOE y el PP. Pensamos que el agua que llega a nuestros hogares nunca debe ser gestionada por una empresa con ánimo de lucro. Resumiendo, para nosotros la privatización es el problema, no la solución.
Existen muchos servicios públicos de agua bien gestionados en España: el Canal Isabel II (Madrid), la Empresa Municipal de Aguas (Gijón), el Consorcio del Gran Bilbao, EMASESA (Sevilla), EMACSA(Córdoba), EMAYA (Palma de Mallorca), etc, que se encuentran entre los modelos más eficaces y eficientes de gestión y que cuentan, además, con el apoyo de la ciudadanía ya que han demostrado que dan un buen servicio, es compatible con tarifas razonables y con unas buenas condiciones laborales de los trabajadores de la empresa.
De salir adelante la propuesta privatizadora, se pondría en manos privadas una parte fundamental y estratégica de nuestro patrimonio público, perdiendo además el Ayuntamiento el control de un servicio básico para la ciudadanía.

La privatización, al igual que ha ocurrido en otras ciudades, provocará un aumento considerable en la cuantía del recibo del agua que pagamos los usuarios, al igual que ya ha ocurrido con otros consumos también imprescindibles como la luz o el gas, que han visto multiplicado su precio; la gestión privada empeora, además, las condiciones laborales de los trabajadores del servicio, y todo ello, únicamente, en beneficio de la empresa privada que gestione el suministro.

No tiene sentido recurrir a las privatizaciones en Avilés cuando en el mundo entero, políticos de todas las ideologías, recurren a las nacionalizaciones y a la intervención directa en el mercado. La actual crisis está precisamente provocada por la codicia del mercado y el fracaso de la ideología neoliberal, que pretendía transferir a empresas privadas todos los servicios públicos, desde el agua a la electricidad pasando por la enseñanza, la sanidad, la Seguridad Social, las autopistas…

El único comportamiento democrático, cuando se pretende tomar una decisión de este calado, es someterlo a la consideración de la ciudadanía. Ya que no se hizo durante la campaña electoral, el proceso de toma de decisión debe desarrollarse, ahora, de forma transparente, propiciando un debate sereno sobre los pros y los contras de los distintos sistemas de gestión posibles, para que, finalmente, seamos los avilesinos y avilesinas quienes, vía Referéndum, tomemos la decisión que consideramos más conveniente para la gestión futura del agua en Avilés.

La Plataforma, a través de este Manifiesto en defensa de la Gestión pública del agua en Avilés, defendemos un modelo de gestión del agua que, desde lo público, garantice la calidad del servicio mediante el ahorro en los consumos, la transparencia en la gestión y el control y la participación real de la ciudadanía. Nuestra única prioridad es el interés colectivo de los avilesinos, por encima del interés privado de las empresas o de los afanes recaudatorios de los partidos políticos que proponen la privatización.

Hacemos un llamamiento a todos los usuarios de la red de aguas y a todas las asociaciones y colectivos avilesinos a apoyar este Manifiesto.

Como decía José Saramago: “Alguien no está cumpliendo con su deber. No lo están haciendo los que gobiernan, porque no saben, porque no pueden, o por que no quieren. Tomemos entonces, nosotros los ciudadanos la palabra”


Avilés Diciembre de 2008

El PSOE rechaza la propuesta del PP de privatizar el agua en nuestro país

PRIVATIZACIÓN CANAL DE ISABEL II

El PSOE rechaza la propuesta del PP de privatizar el agua en nuestro país

La propuesta de Aguirre pone de manifiesto “los verdaderos postulados estratégicos del PP en materia de aguas, a nivel nacional”

17 Septiembre 08

El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Morán, ha afirmado que la propuesta de Aguirre para privatizar el Canal de Isabel II, pone de manifiesto “los verdaderos postulados estratégicos del PP en materia de aguas, a nivel nacional” y ha anunciado que los socialistas rechazan la propuesta “de privatizar” el agua en nuestro país.

Considera Morán que el modelo del PP que posibilita “convertir el agua en un simple producto”, sujeto a la explotación privada con criterios de rentabilidad, al que tenga acceso sólo quien pueda pagarla y a los precios que determine la empresa que explote el recurso es “radicalmente opuesto” al modelo que defiende el PSOE como “un bien público” que ha de gestionarse con “criterios de seguridad, de sostenibilidad y desde el control público”

“Son dos modelos claramente enfrentados, el de la derecha, que coloca el recibo que el ciudadano paga por delante del propio ciudadano, y el de quienes defendemos el derecho de cualquier ciudadano a contar con la garantía de suministro de un bien indispensable para su vida diaria” afirma.

El dirigente socialista ha informado además a Aguirre de que su propuesta no puede llevarse a cabo de manera unilateral por una Comunidad, porque hay competencias propias de distintas Administraciones: Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo; Municipios, en relación con el suministro a los vecinos; y Comunidad Autónoma, a través de las competencias que el Canal tiene de conducir el agua hasta los municipios.

Morán ha señalado que lo que el PP debería estar planteándose es “un modelo de cooperación entre las Administraciones Públicas” para mejorar la calidad del servicio de suministro y no “hacer cuentas” del dinero que pueda sacar al privatizar un servicio público.

Finalmente, se ha preguntado cuáles eran “las razones que justificaban el empecinamiento del PP para realizar la construcción de determinadas infraestructuras hidráulicas” que, todo parece indicar, acabarían “poniéndose en manos privadas para su explotación, según la doctrina Aguirre”.

La plataforma contra la privatización del agua fija su plan de movilizaciones

La plataforma vecinal en defensa de la gestión pública del agua se reunió el pasado jueves y adoptó varios acuerdos, que se resumen en dos puntos. Por un lado, se nombró como portavoz de la plataforma a Alejandro Cueli, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos La Unión. Además, se aprobó el plan de trabajo para los próximos meses de noviembre y diciembre. Entre las actuaciones, destacan la solicitud de una reunión oficial a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, «para conocer de primera mano cuáles son sus propuestas para la futura gestión del agua en Avilés», según una nota de prensa remitida ayer por el portavoz de la plataforma.
Además, los colectivos integrantes en este grupo de rechazo a la privatización elaborarán un manifiesto en defensa de la gestión pública del agua, que llevará el título de 'El agua es de todos'. Esta acción irá acompañada de la puesta en marcha de «un proceso masivo de recogida de adhesiones al manifiesto entre los avilesinos».
El comunicado emitido por la plataforma muestra su «sorpresa por haber sido tachada de demagógica y carente de sentido, por parte de los promotores confesos del cambio de gestión, es decir, de la privatización». Según firma el portavoz Alejandro Cueli, «pensamos que la sociedad avilesina tiene derecho a saber, sin más engaños, qué proponen nuestros representantes políticos para el agua, como ciudadanos, exigimos que se respete nuestro derecho democrático a estar informados y a opinar sobre un asunto tan importante como este, que a todos tanto nos afecta».
Un servicio público
La plataforma defiende que «el agua es y debe seguir siendo un servicio público básico, la plataforma nace con el objetivo de frenar las intenciones privatizadoras, promoviendo para ello, en el seno de la sociedad avilesina, la información, la concienciación y la movilización. Pretendemos unir fuerzas para defender que el agua siga siendo un bien público, es decir, de todos los avilesinos».
El Pleno del Ayuntamiento de Avilés aprobó el pasado día 21 de agosto la creación de una comisión de estudio para el cambio de gestión del servicio de abastecimiento de agua. Esta decisión es el embrión de la creación de la plataforma vecinal de rechazo.

19 entidades sociales se unen en la plataforma contra la privatización del agua

La plataforma contra la privatización del agua se constituyó en la tarde de ayer con un total de 19 entidades sociales de la ciudad adscritas. Promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos 'La Unión', esta organización cuenta entre sus miembros con los partidos políticos IU y PC, los sindicatos CC OO, UGT y USO, así como siete entidades vecinales.
La reunión de ayer sirvió para dejar claro que los integrantes de la plataforma están dispuestos a convocar movilizaciones para tratar de impedir que el Ayuntamiento privatice el servicio del agua. «Por lo escuchado en el encuentro, no se descarta nada», apuntó Alejandro Cueli, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'La Unión'.
Los motivos que han llevado a todas las entidades sociales a sumarse a esta iniciativa es su frontal rechazo a que «un bien público y escaso como es el agua quede en manos privadas. Creemos que siempre debe estar gestionado por una entidad pública», señaló Cueli.
Los miembros de la plataforma entienden, según el presidente de la entidad promotora, que Avilés cuenta con un buen servicio y que si lo que realmente se pretende es mejorar el servicio, esta actuación debe llevarse a cabo desde el ámbito público.
Además, los miembros de la plataforma, sostienen que la privatización del servicio contribuirá a que se disparen los precios de las facturas «tal y como ha ocurrido en otras ciudades donde ya se ha privatizado, duplicando en poco tiempo el coste del metro cúbico de agua».
Respecto a las intención del Ayuntamiento de mantener los puestos de trabajo de los empleados adscritos a este servicio público una vez se privatice el servicio, los integrantes de esta nueva organización afirman desconfiar. Según explicó Alejandro Cueli, «esta medida sólo se mantendrá durante un tiempo».
La plataforma contra la privatización del agua se encuentra todavía en una fase de organización interna. El jueves 13, las diferentes entidades integradas en la misma mantendrán una reunión en el local social de CC OO donde elegirán a un representante de cada una de ellas para formar una Junta Permanente y nombrar un portavoz. A partir de ahí, comenzarán a planificar un calendario de actuaciones para dar a conocer su postura y estudiar futuras actuaciones.