viernes, 10 de junio de 2011

El coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

Escrito que remitió a la Plataforma del Bierzo Aire Limpio el coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" donde advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

El coordinador del "Centro Nacional del Cáncer en Alemania" advierte a los Españoles de los peligros de la Incineración.

El científico berciano D. Ángel Alonso, natural de Bembibre, nos envía desde Heidelberg-Alemania, el siguiente artículo para advertirnos  de los peligros que encierra la incineración.

El Doctor Ángel Alonso es hijo predilecto de la Villa de Bembibre y trabaja como catedrático en la Facultad de Medicina de Heidelberg-Alemania, donde además es coordinador del "Centro Nacional del
Cáncer de la República Federal de Alemania", dirigiendo un equipo de 60 investigadores.

Medicina preventiva en el siglo XXI

La búsqueda de nuevas terapias y la Medicina preventiva son los dos pilares en los que se centra la investigación oncológica actual. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan nuevos modelos terapéuticos,
se analizan aquellas causas que pudieran provocar un crecimiento tumoral, con el fin de erradicarlas. Es, por tanto, de interés prioritario mantener un control muy estrecho sobre todos aquellos procesos industriales que liberen productos asociados con el desarrollo tumoral.

La producción de derivados químicos durante el proceso de combustión es de  sobra conocida. Las catástrofes de Bhopal y Seveso han sensibilizado a la opinión pública, que demanda una "química limpia" y procesos industriales controlables.  Sin embargo, no solamente las dioxinas son agentes calificados como cancerígenos y que han sido asociados al desarrollo de diferentes tipos de tumores (Kogevinas, 2011; Brody et al., 2007 para una revisión). Un estudio exhaustivo de Green Peace, realizado en la Universidad de Exeter, Reino Unido, analiza cuidadosamente los potenciales peligros y cuáles son los compuestos químicos más frecuentes que aparecen durante el proceso de combustión (Allsop et al., 1995). Tal estudio se ha visto corroborado por los datos obtenidos en la ciudad de Besançon, donde la presencia en las cercanías de una planta incineradora ha aumentado el riesgo a desarrollar un tumor en 1,44 veces (www.cniid.org).

Investigaciones realizadas en los últimos años colocan más de 190 los productos emanados de incineradoras como productores de serios problemas médico-sanitarios (www.setrostberg.de/index.php?..).
 Al mismo tiempo que productos orgánicos, se liberan cantidades apreciables de Cadmio y otros metales pesados, muchos de los cuales están en la lista de potenciales carcinógenos (Nawrot et al., 2006).
Simultáneamente, las micropartículas expulsadas en el humo son conocidas  como provocadoras de tumores de pulmón, repetidamente demostrado en experimentos de laboratorio. Un detallado estudio de los efectos de algunos de los productos orgánicos producidos en las incineradoras se puede encontrar en el excelente estudio de Wigle et al. (2008)  efectuado  en Canadá. Estos autores analizan los efectos sobre niños tras exposición tanto pre- como postnatal a algunos de los productos originados en incineradora. Bifenilos policlorados (Umemura et al., 2001), metil-mercurio, dibenzofuranos policlorados (Donato and Zani, 2010; Bakhiya and Appel, 2010, para una revisión; Norpoth und Woitowitz,  2006; Zänker und Becker, 2006) y dioxinas, fueron identificados como extremadamente peligrosos para la salud de adultos y neonatos y han sido  calificados como cancerígenos en ensayos experimentales.

El National Research Council de los EEUU alertaba en 2000 que las posibilidades de que residuos tóxicos afecten a las personas no se limitan a una contaminación atmosférica. De una manera indirecta, y a
través de la cadena alimenticia o a través de las aguas, tales productos entrarán más tarde o más temprano en contacto con la población, con los  enormes riesgos que ello supone. Este efecto se intensifica por la distribución de los productos tóxicos a zonas lejanas, por lo que el efecto no se concentra solamente en las inmediaciones de la planta incineradora sino que, efectivamente, se multiplica.

No es necesario continuar relatando la serie de estudios referentes a los peligros de cualquier tipo de incineración industrial. Son cientos las publicaciones aparecidas sobre el tema. Es necesario constatar
claramente que no se trata de teorías, sino de hechos contrastados por la Ciencia y que, desgraciadamente, se han visto corroborados en situaciones de catástrofe. La bibliografía nombrada en esta corta
exposición ayudará a profundizar en el tema a todos aquellos que lo deseen.

Prof. Dr. A. Alonso
Centro Nacional del Cáncer
Heidelberg
República Federal de Alemania

Bibliografía:

Allsopp A, Costner P, Johnston P (1995) Müllverbrennung und Gesundheit. Greenpeace-Forschungslabors. University of Exeter, England.

Bakhiya N Appel KE (2010) Toxicity and carcinogenicity of furan in human diet. Arch Toxicol 84: 563-578.

Brody JG, Moysich KB, Humblet O, Attfield KR, Beehler GP, Rudel RA (2007) Environmental pollutants and breast cancer: epidemiologic studies. Cancer 109: 2667-2711.

Donato F, Zani C (2010)  Chronic exposure to organochlorine compounds and health effects in adults: cancer, non-Hodgkin lymphoma. Ann Ig 22: 357-367.

Kogevinas M (2011)  Epidemiological approaches in the investigation of environmental causes  of cancer: the case of dioxins and water disinfection by-products. Environ Health 10. Suppl 1:S3.

Nawrot T, Plusquin M, Hogervorst J, Roels HA, Celis H, Thijs L, Vangronsveld J, Van Henke E, Staessen JA (2006) Environmental exposure to cadmium and risk of cancer: a prospective population-based study. Lancet Oncol. 7: 119-126.

Norpoth K, Woitowitz HJ:  Beruflich verursachte Tumoren, in: H.-J. Schmoll. K. Höffken, K. Possinger (Hrsg.): Kompendium Internistische Onkologie, Springer Verlag 2006, S. 248-278.

Umemura T, Kodama Y, Hioki K, Inoue T, Nomura T, Kurokawa Y (2001) Butylhydroxytoluene (BHT) increases susceptibility of transgenic rasH2 mice to lung carcinogenesis. J Cancer Res Clin Oncol 127: 583-590.

Wigle T, Arbuckle TE, Turner MC, Bérubé N, Yang Q, Liu S, Krewski D (2008) Shiliang Liu5, Daniel Krewski1. Epidemiologic evidence of relationships between reproductive and child health outcomes and environmental chemical contaminants. J Toxicol Environ Health, Part B, 11:373-517, 2008

Zänker KS, Becker N: Primäre Prävention, in: H.-J. Schmoll. K. Höffken, K. Possinger (Hrsg.): Kompendium Internistische Onkologie, Springer Verlag 2006, S. 279-306

lunes, 11 de abril de 2011

"En un año hemos bajado un 8% las tarifas y ganado 35 millones"

ENTREVISTA: ANNE LE STRAT Adjunta a la alcaldía de París

Anne Le Strat es una bretona nacida en 1968 y criada en París que no muestra ninguna duda en sus convicciones. Es tajante cuando responde. Ahora es adjunta al alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, y es responsable de una de las actuaciones más delicadas de su mandato: el rescate del servicio de agua del que se abastecen 3,5 millones de personas.

Pregunta. ¿Por qué el Ayuntamiento de París rescató el servicio de agua después de 25 años de participación privada?

Respuesta. Principalmente, constatamos que había opacidad financiera, una pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Nació en el equipo municipal una voluntad de volver a la gestión pública. El alcalde de París lo propuso como argumento político porque consideraba que, dado que el agua es un bien público, tenía que ser gestionado de forma pública. Por lo tanto, había razones políticas y de gestión. Pasamos de tres operadores a uno solo que gestionaba todo el ciclo.

P. ¿Por qué no controló el Ayuntamiento de París a las empresas ante a la opacidad financiera?

R. Es una tarea difícil, pero esto no quita la responsabilidad municipal. Ha habido, poco a poco, una pérdida de compromiso de la comunidad pública sobre el servicio. Es verdad que se dejó solo y sin control. Este examen es difícil cuando no se tiene un dominio operacional del sistema. Los contratos estaban centrados en la distribución y no en el análisis de como se prestaba el servicio. Los datos de gestión englobaban muchos aspectos y, para saber lo que costaba en realidad un servicio, había que entrar en la contabilidad general de una gran empresa.

P. ¿Es eficaz la gestión pública?

R. El modo de gestión pública lleva funcionando desde enero de 2010 y ya hemos conseguido ventajas económicas. Hemos logrado un beneficio anual de 35 millones. Unificar tres operadores nos permite aplicar una economía de escala y todos los beneficios se reinvierten en el sistema, ya que no hay reparto, por lo que se destinan a política social y al usuario. Hemos conseguido reducir la tarifa en un 8%.

P. ¿Son más eficientes que las empresas privadas?

R. Puedo hablar de la experiencia parisina, no de todos los casos. El servicio público puede estar bien gestionado. Todo el personal que trabajaba para los operadores privados se ha transferido, por lo que no hemos perdido el saber hacer. Nuestra gestión, además, tiene una visión a largo plazo. La lógica de los operadores privados es financiera, buscan aumentar los beneficios. Nosotros buscamos que sea un servicio sostenible, perdurable y con equilibrio financiero. Tenemos la estructura, la gobernabilidad y todos los sistemas para ser igual de eficientes. Además, se ha firmado un contrato con los ciudadanos que establece los objetivos y los indicadores de prestaciones, lo que permite y nos obliga a un control y evaluación permanente del servicio.

P. ¿Qué dificultades han encontrado en el rescate?

R. Económicamente, ninguna porque hemos esperado al final del contrato. Las dificultades han sido principalmente jurídicas al unificar estructuras diferentes, así como con la transferencia de personal y compra de bienes. Ninguna de estas dificultades ha sido insalvable.

P. ¿También es presidenta de Aqua Pública. Qué es esta asociación?

R. Somos una red europea de operadores que pretende demostrar que la gestión pública es posible, eficaz y mejor. Pero no sólo por militancia, podemos aportar pruebas de que es así realmente. Es muy importante la gestión pública, pero siempre acompañada del control.

Se vende servicio de aguas

Las Administraciones privatizan parte de las compañías de suministro por la crisis - La cesión abre el debate sobre si beneficia al ciudadano o a las empresas

RAÚL LIMÓN 11/04/2011

Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como es el caso de Madrid con el Canal de Isabel II, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender. Los servicios de agua, como ya lo fueron los de basuras, están en oferta. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente. El sector empresarial defiende la bondad de su incorporación. Pero en países como Bolivia, esta política terminó en un enfrentamiento con muertos hace una década. En algunas ciudades europeas se perpetúa el conflicto y termina con un rescate, como es el reciente caso de París. En España, la mitad de los servicios de agua son ya privados o participados por empresas. El debate está abierto.

"La concesión parcial no garantiza el control real", afirma Arrojo

El gerente de Sevilla: "Las entidades públicas son más transparentes"

"No reinvertir en agua es una especie de malversación", dice un experto

En países como Holanda el control es totalmente público

Las Administraciones argumentan que solo traspasan la gestión de los servicios al sector privado, mientras la mayoría de la sociedad, en muchos casos, sigue siendo pública. Creen que los grupos empresariales son más eficaces en un mundo de mercado, ayudan a sanear los déficits presupuestarios con el canon que pagan por la concesión, generan inversiones que mejoran la calidad de los servicios, aportan innovación y reducen los costes de la gestión publica.

No opina así Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico en Zaragoza y premio Goldman de Medio Ambiente. "Entra dinero fresco y el Ayuntamiento se quita un muerto de encima", resume. Arrojo, también miembro de la Fundación Cultura del Agua, asegura que ni siquiera la concesión parcial "garantiza el control real". "Y volver atrás es muy difícil y costoso", advierte.

Las entidades agrupadas en la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) niegan que ninguna de las bondades que defienden las Administraciones concesionarias y las entidades privadas sean exclusivas de las empresas. "Lo hacemos igual y más transparente", afirma tajante Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y secretario general de Aeopas. "Las empresas, cuando consiguen financiación, lo hacen con el respaldo de las tarifas durante los más de 20 años que dura la concesión. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados. Lo mismo podemos hacer nosotros, como se hace en Holanda, donde no existe la participación privada en estas empresas".

Morell afirma que, además, la supuesta competitividad tampoco es real. Asegura que las empresas compiten por hacerse con la concesión, pero que una vez que la obtienen, durante muchos años no tienen que competir. Se hacen con un "monopolio natural y sin riesgo".

Los beneficios directos no son muy elevados, según reconocen todas las partes, ya que las tarifas están muy ajustadas y su subida supone un conflicto político. En la mayoría de los casos, si el precio que paga el usuario no cubre el gasto, se recurre a la subvención. Pero existen numerosas repercusiones colaterales. De entrada, las empresas participan de un mercado "fiable" con clientes y pagos asegurados, algo que en las circunstancias económicas actuales es un activo importante. "El agua es un refugio financiero", afirma Arrojo.

Además, según Aeopas, una vez conseguida la concesión, las empresas que forman parte de entidades complejas -la mayoría forman parte de grupos empresariales y multinacionales-, se compran a sí mismas la tecnología, los suministros y las obras necesarias. No están sometidas a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no están obligadas a contratar por concurso. Por último, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con más plazo. Ya solo con el manejo de tesorería, tienen beneficios, añade Morell.

Arrojo, el economista de la Fundación Cultura del Agua, cree que la incorporación de la iniciativa privada también refleja una situación social donde se cree que "el mercado es la solución": "La idea de que el funcionario es un parásito y los impuestos son malos da como resultado una mitificación del mercado y una anorexización de la función pública". "Frente a estas circunstancias, las Administraciones se encuentran con que cada vez se le pide más y cada vez tienen menos. Entonces se venden los muebles, pero la hipoteca es para los que vienen detrás", añade.

Roque Gistau disiente de la mayoría de opiniones de los representantes de los operadores públicos. Es presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), una entidad en la que se agrupan sociedades de todo tipo. Sin embargo, algunas empresas afirman que, si hubiera una patronal del sector, sería esta.

Gistau insiste en que no se privatiza el agua, que en España es un bien público, y que los ayuntamientos están obligados a asegurar el abastecimiento a todos los ciudadanos. Este marco es el que, a su juicio, favorece la convivencia de varios modelos entre los que se incluye la participación de las empresas privadas. "Pero es falso el debate sobre la privatización, porque los activos [bienes y derechos con valor monetario] son siempre públicos", advierte.

El expresidente de la Expo de Zaragoza y de Aguas Andinas, así como exdirector del Canal de Isabel II, sí defiende que el dinero que se saca del canon, que suelen ser cifras millonarias, "debe ir al agua". "Si no", asegura, "se trata de una especie de malversación".

Gistau defiende la participación de las empresas, aunque asegura que sacan un beneficio "legítimo, pero corto". "No son hermanas de la caridad", justifica. Pero aboga por una figura clave que defienden también los operadores públicos: un regulador que fije unas reglas claras y comunes.

El secretario general de la asociación de operadores públicos se suma a esta demanda y la exige por ley. "Tiene que haber indicadores claros y públicos que aporten información contrastable", reclama para garantizar la calidad del servicio y, a su juicio, demostrar la bondad de la gestión de las empresas públicas. Gistau responde que las entidades privadas someten su gestión a la revisión de los mismos indicadores que las empresas públicas.

El negocio existe y es internacional. La multinacional andaluza Abengoa anunció recientemente que se ha hecho, en consorcio con Graña y Montero, con la ampliación y mejora del sistema de agua potable para 200.000 usuarios en Perú. En total, 83 millones de euros.

Aqualia, del grupo FCC, está presente en más de 1.100 municipios de 16 países y presta servicios a 27 millones de personas. Esta empresa cree que su participación aporta a los municipios "capacidad técnica, conocimiento y experiencia". Defiende que el negocio se genera al "disponer de muchos contratos a muy largo plazo". "Se crean grandes sinergias que hacen posible una economía de escala de la que se obtiene reducciones de gastos muy importantes en suministros (energía, telefonía, reactivos, etcétera), materiales y repuestos mientras se favorece la innovación y el desarrollo de tecnologías propias, lo que posibilita alcanzar una pequeña rentabilidad estable en el tiempo ajustada a lo planteado en la oferta".

También rechazan que no se sometan a los mismos controles que las empresas públicas o que su objetivo no incluya al usuario. En este sentido, Aqualia afirma que "el ciudadano es el centro de su gestión" y que se someten a todas las normas y normativas de calidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado su intención de privatizar parte del servicio en la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Huelva ya ha dado el paso. Este es uno de los últimos que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionariado. La operación supone un montante total de 57,3 millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad -Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)- y que ya gestiona el agua de 1,2 millones de personas, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer ejercicio). Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana. La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero sólo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.

El objetivo ha sido "optimizar los recursos municipales dando entrada a un socio tecnológico y financiero que refuerce la estructura, garantice la viabilidad de Aguas de Huelva en estos tiempos difíciles y mejore la calidad en la prestación del servicio", afirma el gobierno local. "Muchos municipios españoles emularán la actuación del Ayuntamiento de Huelva porque la alianza público-privada es, sin duda, el futuro de la gestión de servicios para obtener la calidad que merecen los ciudadanos", afirma el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP).

En cualquier caso, el debate tiene como fin el usuario, que debe tener siempre la última palabra. El Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado el pasado año advertía de los cambios en los modelos de gestión y clamaba por un principio básico: la participación, incluida en la Directiva Marco del Agua y que permite implicar a la sociedad en la toma de decisiones. En este sentido, el congreso defendió que, sea cual sea el futuro próximo, es necesario "implantar medidas para mejorar el acceso a la información medioambiental relevante y garantizar la participación pública en todo el proceso de planificación del servicio hídrico".

lunes, 24 de enero de 2011

Solicitud de Permiso de Reproducción (Editorial Oxford University Press)


Esta es la fotografía elegida por la Editorial Oxford University Press para el libro de texto de Educación para la Ciudadanía de Educación Secundaria.   
Fuimos  un ejemplo en toda España menos para 23 vecinos de Avilés....uyyy!! perdón, concejales. Que se enfada  mi "amiga".

Estimado Sr. Alejandro Cueli,

Le escribo de la Editorial Oxford University Press para solicitarle una fotografía de la recogida de firmas contra la privatización del agua en Avilés y permiso para reproducirla en un libro de texto de Educación para la Ciudadanía de Educación Secundaria que estamos preparando. Para que pueda apreciar el contexto en el que reproduciríamos la fotografía, le adjunto el original de la página con la foto insertada. Si no pudiera ser esta misma imagen, cualquier otra de la recogida de firmas o de una manifestación con el mismo fin nos serviría, ya que se trata de ilustrar el texto que reproducimos.

Si no hubiera problema para que nos autorizaran a reproducir una imagen, les rogaría que me enviaran, a esta misma dirección de correo electrónico, una imagen en Alta Resolución, así como una nota con la autorización y una mención de copyright para citarles en nuestra publicación.

Muchas gracias y un saludo,

Ángel Somolinos Estévez
Documentalista
Departamento Editorial

Oxford University Press España S.A.
Tlf:   +34 91 660 26 84
Fax: +34 91 660 26 29

miércoles, 12 de enero de 2011

«Los controladores no tienen competencia para denunciar infracciones en la ORA»

«No tener tique y sobrepasar el límite horario marcado son los principales motivos de multa en la ciudad»

TERESA CEMBRANOS  Lne.es» Avilés

José Vicente Vallín, coordinador del servicio jurídico de la Confederación de asociaciones de vecinos de Asturias (Cavastur) presta ahora sus servicios a la Federación de vecinos «La Unión» y será la persona encargada de analizar la ordenanza que regula el estacionamiento en superficie, más conocida como ORA, así como de asesorar a todos aquellos vecinos que consideren que las multas que les han impuesto en la zona azul son irregulares e iniciar los trámites para reclamar bien ante el Ayuntamiento bien ante el juez.

- ¿Qué objetivo tiene esta iniciativa de «La Unión»?

-El objetivo principal es analizar la ordenanza y hacer una propuesta de modificación al Ayuntamiento para que no haya cabos sueltos. Sabemos que la ordenanza es legal pero hay cosas sueltas que permiten incumplimientos por parte de quien lo controla. Si se consiguen hacer esos cambios no habrá irregularidad.

-¿Cuáles son los principales problemas de la ordenanza?

-El problema principal, que pasa en muchas ciudades pero en Avilés se amplía, es que los controladores no tienen competencia para denunciar. Hay denuncias obligatorias, que son las que pone la Policía Local, y las voluntarias, que son de las que puede advertir cualquier persona. Éste último es el caso de los controladores. Ellos no tienen presunción de veracidad y tienen que presentar muchas pruebas para que su denuncia sea admitida. Por lo que tenemos constancia, los controladores se extralimitan en sus funciones, presentan denuncias que no deben formular y sin suficientes pruebas de que se ha cometido una infracción.

-¿Qué infracciones son las que más se penan?

-No tener ticket en el coche y sobrepasarse de el tiempo permitido de aparcamiento. En la mayoría de los casos, en las fotografías que se exponen como prueba no se ve ni la matrícula del coche ni el tiquet ni la hora en la que se produjo, o sea, no acreditan convenientemente que ha habido una infracción. En definitiva, no se cumple el procedimiento administrativo. Si es el Policía el que firma la multa, no hay problema ya que tiene presunción de veracidad, pero los controladores no tienen competencia para sancionar.

-¿Se dan más irregularidades?

-En los documentos de multas que conocemos, no hay identificación del controlador, sólo un número que corresponde a esa persona. Al ser una multa voluntaria, tiene que aparecer el nombre, los apellidos y otros datos. También hemos visto que se exceden en sus competencias, como multar en carga y descarga.

-¿Hay jurisprudencia en estos casos?

-El Tribunal Supremo dictó jurisprudencia y señaló que los controladores no tienen capacidad de denuncia ni presunción de veracidad.

-¿Y qué modelo quiere que se aplique en Avilés?

-Que sea la Policía la que denuncie o, si no, que los controladores acrediten fielmente la infracción. Eso ya se ha conseguido en otras ciudades.

lunes, 10 de enero de 2011

En mala ORA

Las razones que aconsejan cambios en la zona azul

Lne.es
» Avilés

ALEJANDRO CUELI PORTAVOZ VECINAL CONTRA LA ZONA AZUL
Después de un año de funcionamiento de la ORA en Avilés el balance no puede ser más negativo; los propios datos oficiales reconocen que el nivel de ocupación medio de los aparcamientos regulados fue de un raquítico 52%, tampoco se han solucionado los problemas de trafico y aparcamiento existentes -sólo se han trasladado de sitio-, ni ha supuesto beneficio alguno para el comercio de proximidad.

Por lo tanto, la implantación de la ORA en Avilés ha sido un error que sólo ha servido para que la empresa y el Ayuntamiento recauden y para incordiar a la ciudadanía. Hablando claro, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ahora en Avilés tenemos multitud de aparcamientos céntricos ociosos, mientras muchas calles e incluso barrios enteros se encuentran bloqueados por los coches.

Los parkings subterráneos son otra víctima de la ORA; uno de ellos, el de Las Meanas, se encuentra ya en quiebra técnica, situación que amenaza con arruinar al propio Ayuntamiento, de verse obligado a hacerse cargo de él abonando una factura millonaria. Una vez más, los avilesinos tendremos que pagar de nuestros bolsillos los errores de nuestros políticos.

El concejal de Tráfico, tan falto de autocrítica como sobrado de demagogia, hace un balance positivo, falsamente eufórico, de la ORA. Por ejemplo, para él, que una de cada dos plazas de aparcamiento céntricas estén siempre vacías es algo muy bueno ya que prepara a Avilés para la llegada masiva de turistas al Centro Niemeyer. Nuestro concejal debería saber que cualquier ciudad moderna y habitable se organiza para uso y disfrute de sus vecinos, para eso pagamos impuestos y para eso los avilesinos le votaron a él.

Es una ilegalidad y un abuso de autoridad que el Ayuntamiento haga caja utilizando a los empleados de la ORA, obligándoles a realizar funciones que no les corresponden, como denunciar los coches mal estacionados fuera de su zona de trabajo o llamar a la grúa para que los retire.

Que en tiempos de crisis económica y sufrimiento generalizado para miles de avilesinos desde el PSOE se promueva y ampare la tramitación de unas multas que saben ilegales - por carecer de la valoración de un agente de la autoridad- no hace sino demostrar una vez más en manos de quien estamos, de unos políticos avariciosos y sin escrúpulos para los que todo vale con tal de recaudar a nuestra costa.

domingo, 9 de enero de 2011

Los vecinos impulsan una campaña para modificar la ordenanza que regula la ORA

M. MANCISIDOR
Lne.es»Avilés

La federación de asociaciones de vecinos La Unión tiene previsto iniciar una campaña de información y asesoramiento dirigida a los avilesinos en relación a la aplicación de la ORA en la ciudad. El objetivo, según el portavoz de la entidad vecinal, Alejandro Cueli, es modificar la ordenanza que desde hace meses regula el aparcamiento en determinadas calles de Avilés. En su día, algunos vecinos ya salieron a la calle para protestar por la implantación de los aparcamientos de pago.

Algunas de las acciones que llevarán ahora a cabo los integrantes de La Unión pasan por ofrecer asesoramiento individual o colectivo a personas multadas por los controladores, repartir folletos informativos y organizar charlas. La primera se celebrará el día 24 y durante la ponencia, según Cueli, se explicarán los fundamentos jurídicos de la ORA. El servicio de asesoramiento comenzará a funcionar el día 11, de diez de la mañana a una de la tarde. Los interesados en informarse pueden solicitar cita previa.
 
Por otra parte, el próximo martes empezará a funcionar el servicio de asesoramiento de multas de la Zona Azul que pondrá en marcha la Federación de Asociaciones de Vecinos de Avilés La Unión. Las consultas se realizarán los martes, de 10 a 13 horas en el número 25 de la calle José Cueto.
La federación ofrecerá asesoramiento individual a las personas que hayan sido multadas, así como a todas aquellas que estén interesadas. También tienen previsto informar a colectivos a fin de solucionar las dudas.
Las personas interesadas en el asesoramiento pueden solicitar cita previa en los teléfonos 617211890 y 985567287 (de 18 a 20 horas, de lunes a viernes) o en mail fav.aviles@hotmail.com. Después se analizarán los datos y La Unión presentará un informe con propuestas en el ayuntamiento “con el objetivo de la modificación de la ordenanza y colaborar con aquel en la búsqueda de soluciones”.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

La ORA ha llevado el problema del aparcamiento a los barrios

La Federación advierte de que los parquímetros tienen desfases horarios
T. CEMBRANOS . Lne.es » Avilés
 
 
 
La Federación de vecinos «La Unión» calificó de negativo el balance del primer año de la implantación de la ORA en Avilés y aseguró que con ese modelo «lo único que se ha conseguido es expulsar los coches de la ciudad y trasladar el problema del aparcamiento a los barrios», como La Magdalena o el No-Do. «Esto sólo demuestra que lo que decía la Federación era lo correcto: que la ORA sólo se aplicara en el centro, que era la más conflictiva. El resto de zonas afectadas, como el Quirinal o el Carbayedo, era adaptarse a las necesidades de la empresa», afirmó Alejandro Cueli, portavoz de «La Unión».

Cueli también consideró balance negativo que el «60 por ciento de las plazas marcadas con color naranja estén vacías». «A lo único que llama es a tomar medidas y liberar esos espacios para que el aparcamiento sea gratuito», aseguró. El portavoz de la Federación argumentó que van a poner en manos de su servicio jurídico el hecho de que sean los controladores de la ORA y no la Policía Local los que impongan las multas en la zona azul. «Ellos no tienen potestad. Por eso, recomendamos a los vecinos que analicen si la sanción está puesta por los agentes o por los controladores», comentó. Advirtió también a los usuarios de las zonas afectadas por el sistema de regulación de que miren la hora que marca los expendedores de los ticket ya que «los hay que están desfasados». «Hay alteraciones hasta de 10 minutos», apuntó Cueli.

jueves, 14 de octubre de 2010

La Cámara pide la retirada de la tarifa industrial del agua al pequeño comercio

La entidad defiende modificar la ordenanza fiscal para adaptarse a la realidad del sector comercial y pide un coste proporcional

La Cámara de Comercio de Avilés sumó ayer a las voces críticas con la aplicación de la ordenanza municipal del agua y solicitó al Ayuntamiento la retirada de la actual tarifa industrial que se aplica al pequeño y mediano comercio. De esta manera, se une a las voces que reclaman una tarifa específica para el sector, «que evite el desequilibrio en el consumo-coste en el recibo del Servicio Municipal del Agua», señala en una nota de prensa.
Como se sabe, las ordenanzas municipales dividen el consumo del agua en dos grandes grupos: doméstico e industrial. En cada uno se fija una tarificación mínima y, posteriormente, se establecen tramos según se incrementa el gasto.
El coste para los usuarios de la tarifa doméstica es menor que para los de la industrial. La actual situación surge cuando la empresa mixta Aguas de Avilés recibe los padrones de consumidores y detecta la existencia de oficinas y comercios de la ciudad que aparecen reflejados como consumos domésticos cuando, con la normativa en la mano, debe aplicarse la tarifa industrial al corresponder a una actividad económica. En ese proceso, Aguas de Avilés aplica la tarifa adecuada según la normativa. La queja del empresario surge cuando recibe los primeros recibos, con un incremento respecto al que abonaba anteriormente.
Precisamente, la Cámara de Comercio lamenta la ausencia de «un periodo de transición» al tiempo que afirma que «esta ordenanza no responde a la realidad de la ciudad».
Ante este incremento de la «presión fiscal», la Cámara demanda «una modificación de la ordenanza que establezca un tercer criterio para los comercios, con tarifas específicas y proporcionales del abastecimiento de estas pequeñas y medianas empresas». Para la Cámara de Comercio, es necesario «poner en marcha nuevas medidas que garanticen unas condiciones mínimas de proporcionalidad y eviten el desequilibrio en el consumo-coste».
Problemas en particulares
De forma paralela a las quejas en el sector industrial, siguen produciéndose un rosario de reclamaciones entre vecinos de Avilés que reciben facturas con consumos elevados de agua. Hablamos de recibos que pasan de 30 a 200 ó más euros. 
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lunes, 27 de septiembre de 2010

Agua Pública cuestiona el alto coste del servicio en los comercios, frente a Gijón.

http://www.lne.es/aviles/
Illán GARCÍA

La entidad, que pide eliminar el consumo mínimo, afirma que un local de Avilés paga un 200% más que uno gijonés que gasta hasta 20.000 litros
La plataforma Agua Pública ha realizado una comparativa entre las tarifas a pagar por el consumo de agua en Avilés y Gijón, de la que extrae que los establecimientos comerciales y hosteleros avilesinos abonan entre un 200 y un 400 por ciento más que los gijoneses por un consumo menor a 20.000 litros. Estos datos aportados por la entidad surgen después de que algunos comerciantes se quejaran tras comprobar una subida «desorbitada» en el recibo del agua al ajustarse los recibos a las tarifas industriales.

Alejandro Cueli, portavoz de Agua Pública, destaca que la Empresa Municipal de Aguas de Gijón «está comprometida con lograr un consumo responsable del agua y por ello no existe un consumo mínimo en la factura». Por el contrario, en Avilés, según denuncia la Plataforma Agua Pública, el servicio «no se gestiona de manera sostenible ya que el precio se abarata cuando más se consume y los comerciantes y hosteleros son conocedores de que han de pagar 50.000 litros de agua los consuman o no». Según los datos aportados por la entidad, mientras que en Avilés se paga por un consumo de 5.000 litros de agua trimestralmente unos 48 euros, en Gijón esa cantidad se ve considerablemente reducida, ya que asciende a 9,8 euros que se extraen de los 7,6 que cuesta la cuota de servicio más los 2,1 del consumo.

Por otro lado, la Plataforma Agua Pública considera que las pymes avilesinas que tengan un gasto de agua superior al mínimo tendrán también que abonar un 71 por ciento más por el metro cúbico si se compara con Gijón. «Estas diferencias tan desproporcionadas explican que en Gijón el servicio está controlado por una empresa pública mientras que en Avilés el agua se gestiona por una multinacional con ánimo de lucro», apuntó Cueli, que propuso que «como es lógico» pague más por el servicio de aguas el que más gaste eliminando así el consumo mínimo y penalizando económicamente el gasto excesivo. Cueli pidió además que el precio del agua que consumen los comerciantes vuelva a ser el mismo de antes de privatizar el servicio «y se respete así la palabra de los ediles que dijeron que no subiría».

Peticiones

Eliminación del consumo mínimo

La plataforma pide que se elimine el consumo mínimo de agua para no castigar a los establecimientos. El coste mínimo asciende a 48,192 euros cada trimestre por un consumo de 5.000 litros hasta 50.000.

Agua Pública

La plataforma Agua Pública pidió además a los ediles avilesinos que cumplan su palabra antes de privatizar el servicio de «que no se subirían las tarifas».

viernes, 24 de septiembre de 2010

Un vecino denuncia una factura del agua que aumenta doce veces su coste habitual.

 http://www.lavozdeaviles.es/
 
La familia de Julio Redondo y María Rodríguez tardarán en olvidar el segundo recibo del agua de este año. Y es que su importe, 468,70 euros, supera en poco más de doce veces la primera factura del año, por la que abonaron 36,33 euros.
La diferencia también se aprecia en el consumo. En la primera factura del año, Aguas de Avilés apuntó un gasto de 20 metros cúbicos, cifra que se multiplicó por 17,05 hasta alcanzar los 341 metros cúbicos que han gastado entre el 3 de marzo y el 3 de junio de este año, según los datos de la empresa mixta de gestión.
Ante estas cifras de vértigo, la familia presentó primero una queja ante Aguas de Avilés, además de formular una denuncia para tratar de frenar el cobro de una cantidad que consideran abusiva.
De momento, Aguas de Avilés no ha respondido a la demanda de los consumidores. Los afectados aseguran que, después de unos momentos de «bastante tensión» en las oficinas de la sociedad lograron que revisasen el contador.
En la inspección, los técnicos aseguraron que el equipo se encontraba perfectamente, por lo que no había ningún error en la lectura. La familia insiste en que el gasto de agua en su familia es «el normal» en un domicilio y aseguran que durante el trimestre en cuestión no sufrieron ningún tipo de avería que justificase esos datos. Es más, afirman que en ese momento les aseguraron que «ese dinero era para poner al día consumos pasados, pero no aparece en ninguna parte». Ahora, esperan la respuesta definitiva de Aguas de Avilés.

domingo, 12 de septiembre de 2010

El gran negocio privado con el agua de todos

http://www.elpais.com
Los ríos son milagrosos. Se sabía que traían riqueza y belleza, pero lo que consiguen con ellos las eléctricas va mucho más allá. El Ministerio de Medio Ambiente ha recabado entre todas sus confederaciones hidrográficas los datos -dispersos y opacos- sobre cuánto le pagan las eléctricas por usar el agua para producir electricidad. El recuento da como resultado que por usar el agua, por ley un bien público y sin dueño, las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. Con ese caudal producen electricidad que, a su vez, las eléctricas cobran al precio de mercado. De media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema.


El Ministerio de Medio Ambiente considera que esta desproporción es excesiva y busca fórmulas para cobrar algo a las eléctricas. El secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, advierte: "Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta".


El sistema de fijación de precios de la electricidad es singular. Las empresas van ofertando la electricidad en función de la demanda de cada momento. Las eléctricas primero aportan la nuclear, que no puede variar su potencia, todas las renovables entran por ley y, si hay agua en los embalses, la hidráulica. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caros, y al final todas cobran el precio más alto.


El resultado es que la hidroeléctrica -sin apenas costes y con presas construidas hace décadas- se cobra al precio del gas. Si el gas sube en los mercados internacionales, suben los beneficios de las presas. Los expertos bautizan este fenómeno como "beneficios caídos del cielo" (del inglés, windfall profits).


La Comisión Nacional de la Energía alertó del efecto perverso del sistema en 2008, pero solo la crisis, con la necesidad del Estado de recaudar más y de contener la desbocada tarifa eléctrica, ha abierto el melón de la regulación. Según la metodología de la CNE, el sector obtuvo 1.111 millones de beneficios extra en 2008 y 647 en 2009. La cantidad varía en función de la cantidad de lluvia y del precio del gas, que fija el del mercado. En los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso, la cantidad ronda los 900 millones.


Medio Ambiente ha revisado los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operan en forma de concesión. La inmensa mayoría son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta y con concesiones de hasta 75 años. "No pagan el agua. La cantidad que abonan de canon es mínima", resumen fuentes del Ejecutivo, que citan favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas. La primera gran concesión que caducará lo hará en 2024, según estas fuentes.


La Secretaría de Estado de Agua ha estudiado fórmulas para recuperar concesiones, pero legalmente, según afirman las fuentes consultadas, es prácticamente imposible. La ley exige compensar el lucro cesante de la concesionaria, que en este caso sería enorme, así que el Gobierno ha abandonado esa vía. Pero sí ha comenzado contactos con las eléctricas para ver cuál podría ser la solución. La reforma de la Ley de Aguas que presentó Cristina Narbona sí incluía un canon universal por el uso del agua que afectaría a las eléctricas, pero el proyecto fue retirado y duerme en un cajón.


La patronal eléctrica, Unesa, discrepa radicalmente. Sostiene que las centrales hidroeléctricas "no se amortizan nunca". Da igual que fueran construidas hace décadas, da igual que el combustible -en este caso el agua- sea virtualmente gratuito y da igual que cobren el kilovatio al mismo precio que una central de gas recién construida y que importa desde Argelia el combustible. "Las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante", afirma un borrador del informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009. Unesa agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía.


Unesa aporta un estudio que encargó a la consultora Deloitte en el que afirma que "se ha constatado la inexistencia de los llamados windfall profit", y algo similar ha dicho la consultora PricewaterhouseCoopers, ambas de gran predicamento.


Unesa cita la nuclear y la hidráulica porque son casos similares. Centrales antiguas, que en muchos casos recibieron inversiones de dinero público hace décadas y que cobran al precio más alto. Alemania ha abierto una vía al gravar las nucleares a cambio de que puedan funcionar hasta los 46 años como máximo. Con el sistema, la canciller, Angela Merkel, prevé recaudar unos 30.000 millones de euros, que destinará a financiar inversión en renovables y a combatir el déficit público. La central de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, funcionará como mínimo hasta los 42 años sin pagar ese impuesto ni con una menor retribución.


Es más, la patronal afirma que esas presas no solo no están amortizadas, sino que nunca pueden estarlo: "Este tipo de centrales [se refiere a hidráulicas y nucleares] nunca pueden estar amortizadas económicamente hasta el mismo momento de su baja operativa. Por lo que se refiere a las centrales hidráulicas, en su inmensa mayoría se trata de concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento".


El fiscal ha calculado incluso cuánto le costaría un impuesto sobre las centrales hidráulicas: entre 408 y 544 millones de euros al año en función de que ese impuesto sea de 15 o de 20 euros por megavatio producido, al que se podría sumar otro sobre las nucleares de entre 893 y 1.191 millones al año. Unesa considera inaceptable esa posibilidad, aunque las empresas sí la han aplaudido en Alemania. Unesa sostiene que la prueba de que no hay beneficios hinchados es que el sector ganó el año pasado 4.689 millones de euros después de impuestos entre generación, comercialización y distribución.


La profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en el sector, Natalia Fabra discrepa de la interpretación de la patronal: "Una cosa es la amortización contable, cómo ellos lo reflejen en sus libros, y ahí no se amortiza la obra. Otra cosa es la amortización económica, si han recibido suficientes ingresos como para pagar las obras, y en este caso los han recibido de sobra".


Otros informes oficiales apoyan la existencia de los beneficios extraordinarios. En 2008, la Comisión Nacional de la Energía alertó: "La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, competencia real entre tecnologías, y que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados".


Algo parecido afirma el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno del PSOE al poco de llegar al gobierno para ver cómo se podría reformar el sistema. Este avisa de un "desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear".


El tema no es menor. Entre enero y agosto, la hidráulica supuso el 19% de la electricidad de España. Es verdad que ha sido un año húmedo y que es un porcentaje excepcional, pero da idea de que no es una tecnología residual.


Una fuente del sector con gran memoria recuerda cómo ha ido cambiando el sistema de fijación de precios: "Las presas se hicieron con el cálculo de que cobrarían precios regulados, que se ajustaban al bajo precio que pagaban por el agua. Incluso hasta 1974 el consumidor pagaba una 'prima de las nuevas construcciones' del sistema Ofile con la que los consumidores financiaron obras hidráulicas". A partir de entonces cobraron un precio fijo y en 1997, tras una reforma legal, el PP crea el sistema que les permite cobrar el precio más alto del mercado. El Gobierno consideró erróneamente que las nucleares y las hidroeléctricas no serían competitivas con las centrales de gas y fijó unos Costes de Transición a la Competencia, una compensación milmillonaria. El PSOE, en la oposición, rechazó con fuerza esta ayuda.


El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: "No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo", lanzó Herrera.


El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa "late el radicalismo" -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios "no se sostiene". Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares.


Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: "Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales".


Galicia es la comunidad que con más intensidad ha vivido el debate. El fiscal denunció a Endesa el pasado mes de abril por secar un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume -en él pescaba Franco- durante 50 años entre la presa y la central hidroeléctrica que explota río abajo. La fiscalía denunció un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por incumplir la Ley de Pesca Fluvial de Galicia, de 1992, que impone una serie de caudales mínimos, y pidió un informe a la Comisión Nacional de la Energía sobre los beneficios obtenidos por la eléctrica este tiempo.


Pedro Brufao, presidente de la Asociación Ríos con Vida y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, insiste en que no solo hay efectos económicos para el consumidor, sino también perniciosos impactos ambientales. "España vive un expolio hidroeléctrico con el consentimiento de la Administración. La mayoría de las presas se rigen por la Ley de Aguas de 1879, en vigor hasta final de 1985. Era una ley en la que se ofrecían inversiones muy seguras. La Ley de Pesca de 1942 ya incluía condicionantes ambientales, como ciertos caudales, que aún se ignoran".


Brufao pide que se aplique la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que las centrales hidroeléctricas que incumplan las condiciones de la concesión sean demolidas. "El Sil no existe y el Miño está destrozado, secan el río Mijares y el Turia, el Llobregat tiene la primera presa a solo 50 metros de su nacimiento. No queda ningún gran río en España", lamenta. Ríos con Vida denunció ayer con fotos que una psicifactoría queda seca cada verano desde 1969 el río Castro, en Galicia.


En la elaboración de los planes de cada cuenca hidrográfica que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, algunas eléctricas han pedido compensaciones, ya que al fijar caudales ecológicos no podrán poner turbinas para producir electricidad ni elegir el momento más propicio. La respuesta que les ha dado Puxeu, y que ha enviado a los presidentes de las confederaciones, es que no puede haber contrapartidas, que el caudal del río es previo a la concesión administrativa y que el negocio privado con un bien público como el agua debe tener límites.

lunes, 6 de septiembre de 2010

EL “TARIFAZO” DEL AGUA EN AVILÉS.

Hace unos meses, en el debate sobre la gestión del agua que se producía en el Pleno Municipal, la Alcaldesa, Pilar Varela, afirmaba: “ No digamos mentiras de que el agua va a subir, ya hemos dicho por activa y por pasiva que no”, por su parte su socio en el contubernio privatizador, el portavoz del PP Constantino Álvarez, se columpiaba aún más: “La propuesta garantiza a los ciudadanos que el agua no va a subir más que el IPC, incluso que puede bajar”.

Según ambos decían, los miembros de la Plataforma “Agua Pública” éramos unos mentirosos que habíamos recogido 21.093 firmas en contra de la privatización y en demanda de un Referéndum, engañando a los avilesinos con premisas falsas, como la de que el recibo del agua iba a subir.

Las suyas eran promesas kleenex, de usar y tirar. El “tarifazo” aplicado en el recibo del agua que afecta a comerciantes, hosteleros, despachos y oficinas lo demuestra. Es un autentico atraco elevar el consumo mínimo -el que se paga aunque no se abra el grifo- en más de un 500%, pasando de 9’177 a 48’192 euros; o incrementar cerca de un 40%, el precio del metro cúbico adicional.

Una vez más, el que hace la Ley, hace la trampa. Otra vez nos toman a los avilesinos por tontos, justifican ahora el “tarifazo”, alegando que tan sólo se trata de una corrección de errores en la facturación. La realidad es muy otra: ¿Habrá mayor error, o mayor atropello que, por ejemplo, obligar a una frutería que sólo consume 3 metros cúbicos de agua, a que pague 51?

En tiempos de grave crisis económica, la subida va a ser muy negativa para este importante sector de la economía local. Nada tiene de erróneo, bonificar el precio del agua que consumen autónomos y pequeñas empresas, es más, en momentos tan difíciles, hacerlo debería ser obligado. El Gobierno de España, lo hace aplicando la Tarifa Eléctrica Reducida a muchas empresas, como ArcelorMittal.

Lo que ocurre realmente es que, hasta ahora el agua era un bien público que se facturaba en beneficio del conjunto de la sociedad avilesina y ahora en manos privadas se ha convertido en un negocio, en una mercancía más, de la que hay que sacar el mayor beneficio posible. La subida actual, sólo es un anticipo de lo que, después de las elecciones municipales, nos ocurrirá al conjunto de la ciudadanía.

Mientras los avilesinos estamos indefensos, abandonados por nuestros políticos en manos de una voraz empresa multinacional catalana, que además actúa en un mercado artificial y cautivo en el que no existe escape posible, al no existir la libre competencia. ¿Porque hay concejales que anteponen los intereses de una empresa a los de los ciudadanos que les votamos?.

Menudo fiasco de oposición. Menudo fiasco de Alcaldesa de izquierda; primero privatiza el agua, y después exprime a los débiles (comerciantes y hosteleros locales) para engordar los beneficios de los poderosos (Aguas de Barcelona). Resumiendo: práctica el socialismo, pero al revés…

Avilés no es un negocio, los avilesinos somos ciudadanos, no clientes. Unos políticos que no cumplen su palabra, no deberían tener futuro. Espero que por fin escarmentemos y que las elecciones municipales de Mayo, sirvan para algo más que para decidir si nos engaña y nos mete la mano en el bolsillo, un alcalde del PSOE o uno del PP.

Alejandro Cueli
Comisión agua pública.

viernes, 3 de septiembre de 2010

La comisión Agua Pública exige al PSOE y al PP revocar el cambio de tarifas del comercio

E. CAMPO
Las aguas siguen revueltas con la «corrección de errores» en las facturas del comercio que no pagaban hasta ahora tarifa industrial de agua y que encarecerá considerablemente muchos recibos. La comisión Agua Pública, defensora de la consulta popular para el cambio de gestión del servicio, entregó ayer sendas cartas a los líderes de los dos partidos mayoritarios en el Ayuntamiento, PSOE y PP, cuya alianza fue determinante para la puesta en marcha de la empresa mixta Aguas de Avilés. Los textos, firmados por Alejandro Cueli, Alicia González, Juan José Fernández y María del Carmen Rugarcía, recogen las afirmaciones de la Alcaldesa, Pilar Varela, y del portavoz del PP, Constantino Álvarez, en las que se garantizaba que el precio del agua no iba a subir con el cambio de gestión.


«Pocos meses después se plantea una propuesta de revisión de tarifas que, en la práctica, supone una abusiva subida del precio del agua para cerca de 2.000 establecimientos», aseguran los firmantes. Por eso Agua Pública exige a Álvarez y Varela que hagan el honor a sus promesas y antepongan los intereses de los votantes a los de la empresa. «Si tal y como afirmabais sólo el Pleno puede subir el precio del agua, lo obligado es que cumpláis vuestra palabra obligando a Aguas de Avilés a frenar una subida de precios tan desproporcionada como injusta».


Por otra parte el portavoz de IU, Fernando Díaz Rañón, arremetió contra la Alcaldesa y afirmó que decir que Aguas de Avilés cumple escrupulosamente con el pliego de adjudicación del servicio no es desmentir ni en una coma a sus críticas. «Ya se yo que la empresa aplica ordenanzas, unas ordenanzas que alguien apoyó primero». Y puntualizó: «Varela tiene que explicar a los comerciantes cómo es que les dijo que no iban a subir los recibos: esto demuestra que la Alcaldesa mintió desde el primer momento».



La plataforma del agua protesta ante el «tarifazo» que se aplicará a los comerciantes
J. L. GONZÁLEZ
http://www.lavozdeaviles.es/




Representantes de la Plataforma del agua, una entidad que recogió «21.000 firmas en contra de la privatización» del servicio, presentó ayer una protesta formal en el Ayuntamiento por el cambio de baremo que se aplicará a los comercios de Avilés y que califican como «tarifazo».
En su escrito, los representantes de esta pataforma ciudadana recuerdan las intervenciones en el Pleno de la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y del portavoz del PP, Constantino Álvarez, en las que señalaban que las subidas serían controladas por la Corporación y que, en todo caso, estaban limitadas a actualizaciones de las tasas de, como máximo, el Índice de Precios al Consumo. «La realidad es otra. Pocos meses después, la multinacional que controla 'Aguas de Avilés' plantea una propuesta de revisión de tarifas que en la práctica supone una abusiva subida del precio del agua para cerca de 2.000 establecimientos comerciales, hosteleros, despachos y oficinas de nuestro municipio», señala el escrito remitido al Ayuntamiento.


Los responsables de la plataforma del agua calculan que el incremento de las facturas de los afectados, cuya baremación varía de la categoría de uso doméstico a la de industrial, supondrá una subida del «500% en el consumo mínimo, pasando de 9,177 euros a 48,192, y más de un 40% por metro cúbico adicional».
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca ya ha comenzado a tramitar las reclamaciones de los afectados por una medida que, según señaló la alcaldesa de Avilés, estaba recogida en los pliegos de condiciones «que la Unión de Comerciantes vio» antes de que cambiase el modelo de gestión

miércoles, 1 de septiembre de 2010

«El agua se privatizó para hacer caja», dice IU ante el aumento del recibo

JESÚS GONZÁLEZ
Rañón reprocha a la UCAYC que ahora lamente la situación, cuando «antes se había manifestado a favor» del proceso.
El portavoz de Izquierda Unida y teniente de alcaldía, José Fernando Díaz Rañón, considera que el incremento del recibo evidencia que la gestión del agua «se privatizó con el único objetivo de hacer caja». Según el edil, las actuaciones emprendidas en los últimos meses por la sociedad Aguas de Avilés se han centrado en aumentar los ingresos y reducir los gastos en la gestión del suministro, y no en subsanar aquellas cuestiones «que se presentaron como prioritarias y que supuestamente eran la justificación para privatizar el servicio».
Díaz Rañón aludía de ese modo al hecho de que la renovación de aquellos tramos de red supuestamente obsoletos o la detección de fugas «son cuestiones que se dejan para más adelante cuando se habían señalado como prioritarias». «En realidad», barruntó el edil «parece que no lo eran tanto».
Lo que sí motivaba la privatización del servicio, «es el afán recaudatorio, que el Ayuntamiento cobre los 37 millones de euros del canon que tienen que salir de alguna parte», añadió. Y el origen de ese dinero no será otro que el aumento de los ingresos mediante la actualización de los recibos que venía abonando el comercio de la ciudad y reemplazando los contadores obsoletos. «Mucho nos tememos que el incremento del recibo es generalizado, aunque en cantidades que apenas percibe el abonado, más aún cuando en gran cantidad de edificios de Avilés el contador del agua es para toda la comunidad», indicó. Según Díaz Rañón, esas actuaciones, «que podrían haber sido emprendidas por el Ayuntamiento sin necesidad de privatizar nada», han permitido a Aguas de Avilés incrementar en un 50% los ingresos por el suministro del agua en apenas tres meses.
A ello se suma, indicó Díaz Rañón, la reducción de los gastos mediante la disminución del consumo de agua procedente de la red autonómica Cadasa, más cara que la de los manantiales y otros medios propios del Ayuntamiento.
Esa medida, prosiguió el concejal, puede suponer un perjuicio al sistema que rige el consorcio Cadasa, en el que los Ayuntamientos acuerdan garantizar un determinado nivel de consumo para favorecer la viabilidad económica de la red autonómica, «pensada para proveer de agua ya tratada para el consumo en aquellos concejos que no tienen medios económicos ni técnicos suficientes para garantizar el suministro».
Todo ello, añadió el edil, estaría orientado ahora «a buscar el beneficio económico» de los socios privados de la sociedad Aguas de Avilés, que han de aportar los 37 millones de euros del canon fijado para la privatización del servicio.
Comerciantes
Díaz Rañón reconoció ayer que, en ese proceso, los pequeños comercios, y especialmente la hostelería, se han visto perjudicados al aplicárseles la tarifa industrial en vez de la doméstica, como se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, reprochó «a la dirección de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca que protesten ahora cuando antes salieron públicamente defendiendo la privatización».
El edil recordó «que la aplicación de la tarifa industrial al comercio estaba en los pliegos» que rigieron el proceso, por lo que «si no lo sabían antes de emitir su opinión, tendrían que haberse enterado», añadió Díaz Rañón. El portavoz de IU recordó incluso que la dirección de la organización gremial tuvo la oportunidad de preguntar por ese extremo «en la reunión que mantuvieron con el PSOE para hablar del asunto».
Ante la situación que se está generando, con un importante incremento del recibo en el caso de un buen número de comercios de la ciudad, el portavoz de Izquierda Unida lamentó que «el tiempo acabe por darnos la razón». «Nos quedamos solos en contra de la privatización del agua, pero resulta que al final es Izquierda Unida quien tenía razón cuando decía que el recibo iba a subir», indicó el portavoz de la formación.

IU reabre la polémica por el cambio de gestión del agua y caldea el inicio del curso político

Amaya P. GIÓN
El grupo municipal IU reabrió ayer la polémica por el cambio de gestión del agua, que en su día supuso una crisis en el seno del gobierno local, caldeando el inicio del curso político. El portavoz de la coalición, Fernando Díaz Rañón, aprovechó las protestas de la Ucayc por el cambio de las tarifas que la sociedad Aguas de Avilés ha comenzado a aplicar a los comerciantes (la tarifa industrial por la doméstica) para presumir de que sus predicciones se están viendo cumplidas. Es más, Rañón arremetió contra la asociación que preside Daniel Quirós por haber apoyado «la privatización del servicio» sin leer el pliego de condiciones. «Ahora se rasgan las vestiduras cuando avalaron la posición que defendían los socialistas. ¿Cómo pueden apoyar una situación de la que desconocen las consecuencias?», planteó el portavoz de IU.

El también concejal de Vivienda aprovechó la oleada de protestas de los comerciantes para arremeter de nuevo contra el cambio de gestión del servicio de agua, que según su versión se traduce en «mayores ingresos y menos costes». «La facturación del agua se ha incrementado un 50 por ciento en el primer semestre del año. En 2009 la facturación del servicio fue de 4,5 millones y sólo entre enero y marzo de 2010 ya fue de dos millones. Parece que el tiempo nos da la razón», señaló el portavoz de la coalición.

Apelando a los datos que la sociedad mixta que gestiona el servicio ha remitido al Consistorio, Díaz Rañón subrayó que «lo único que ha hecho Aguas de Avilés durante estos seis meses ha sido ajustar los contadores y actualizar las tarifas que pagan los comerciantes» y alertó, además, de que la empresa «ha reducido el consumo de agua de Cadasa (Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias)».

«El incremento de los recibos los hemos visto todos. En año y medio o dos años volverán a subir las facturas, y no precisamente en relación al IPC», añadió el socio de gobierno, que también puso en duda el compromiso de Aguas de Avilés con la renovación de la red de suministro. «La propia empresa nos ha dicho que las fugas y la renovación de tuberías no son tan importantes, que lo van a dejar para el final. Precisamente eso a lo que no dan importancia es lo que el PSOE consideraba prioritario. Querían privatizar el agua y embolsar 37 millones de euros», protestó.

El portavoz de IU fue especialmente duro con los representantes de los comerciantes y hosteleros, que han visto cómo los recibos del agua se han incrementado en torno al 50 por ciento. «La Ucayc no puede mostrar ahora desconocimiento porque mostró su conformidad con el cambio de gestión del servicio. En su día se reunieron con el PSOE, no con IU. Nosotros les habríamos explicado gustosos las consecuencias de ese cambio», concluyó Díaz Rañón. Aguas de Avilés argumenta que no ha subido las tarifas a los establecimientos, sino que les aplica la tarifa comercial e industrial, ya que erróneamente venían pagando la doméstica.

viernes, 27 de agosto de 2010

La UCAYC tramita recursos de comercios contra la subida de las tasas del servicio del agua.

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, UCAYC, ha comenzado a tramitar los recursos de distintos comercios de la ciudad que se oponen a las nuevas tasas que se les pretenden aplicar por el servicio de aguas que gestiona la empresa Aguas de Avilés. Fuentes de la asociación indicaron que sus servicios jurídicos tramitarán las demandas de forma gratuita para sus socios antes del 3 de septiembre, día en que finaliza el plazo.
La UCAYC ha remitido una circular a sus empresas asociadas en la que explica la postura oficial de la organización, después de recibir las explicaciones de responsables de la empresa Aguas de Avilés . En ellas, se señalaba la intención de trasladar a los establecimientos comerciales, de manera inmediata, las nuevas tarifas. Así, pasarían de la condición de uso doméstico, que sufragaban hasta ahora, a la condición de tarifa industrial. La asociación ha explicado que esto «en la práctica, supone aumentos muy importantes y gravosos de las cantidades que hasta ahora se venían abonando».
En la circular se da la posibilidad a las distintas empresas de presentar alegaciones ante el Ayuntamiento de Avilés que también tramita esta entidad.

jueves, 29 de julio de 2010

Encuesta de ASIA en avilés.

http://www.elcomerciodigital.com/aviles/

"Así, se valoran algunas medidas de este año, como la puesta en marcha de la zona azul, que sigue dividiendo a la ciudad: el 6,69% considera que está muy bien y el 38,01% bien. Frente a este 44,7% se encuentra un 23,81% que califica como regular la media, un 16,73% como mala y un 14,76% como muy mala. No obstante, los representantes de ASIA sumaron a los que opinan que la regulación está «bien» y «muy bien», la valoración «regular», con lo que alcanzan un porcentaje del 68,51% de satisfacción y reducen el rechazo al 30%.
Otra de las medidas de regulación del aparcamiento, como es el sistema de bolardos, no apareció en el cuestionario.
En la encuesta también se pide la opinión sobre otras cuestiones, como la instalación de una incineradora, medida que apoya el 56,31% de los ciudadanos, si bien González desveló que «la mayoría apostillaba que lejos».
El 84,06% de los encuestados considera que debería mejorarse el reciclaje en la ciudad, sobre todo en el tema de aceites domésticos, según concretó el portavoz del grupo municipal de ASIA. La construcción del albergue municipal para animales de compañía también cuenta con el apoyo mayoritario. El 67,39% de los encuestados se muestra a favor de este servicio"

viernes, 23 de julio de 2010

NO AL COPAGO DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Desde la FADSP queremos informaros de la existencia en Facebook de la página NO AL COPAGO DE LA ASISTENCIA SANITARIA cuyo objetivo se basa en rechazar los llamamientos de algunos responsables sanitarios a la instauración del copago, lo que eliminaría el carácter universal del sistema público (introduciendo seguros complementarios para determinadas prestaciones) alegando que la crisis hace imposible mantener el sistema sanitario público. Consideramos que la hipotética bancarrota en que se encuentran es la consecuencia del enorme endeudamiento en el que han incurrido por financiar y gestionar sus infraestructuras sanitarias recurriendo al sector privado, los que ha multiplicado por siete el coste de los nuevos centros sanitarios y cuyos pagos anuales asfixian sus presupuestos asistenciales, y de un gasto farmacéutico excesivo.

A continuación, os enviamos el link y adjuntamos imagen de la página. Para poder visitarlo se precisa tener cuenta en Facebook:  http://www.facebook.com/pages/NO-AL-COPAGO-DE-LA-ASISTENCIA-SANITARIA/101604619890220?ref=sgm


domingo, 11 de julio de 2010

Comercios y oficinas deberán pagar la tarifa industrial del agua

El Ayuntamiento cobraba hasta ahora el recibo de forma errónea a cerca de dos mil abonados, según asegura Aguas de Avilés

10.07.10 - JESÚS GONZÁLEZ jaizpurua@lavozdeaviles.com | AVILÉS.

Los comercios y oficinas de la ciudad tendrán que pagar la tarifa industrial del agua, si hasta ahora no lo habían hecho. Esa es la razón por la que decenas de pequeños negocios han visto en las últimas semanas cómo el recibo ha llegado a duplicarse con respecto al de anteriores periodos de facturación, fruto de la revisión del padrón de abonados que ha hecho la sociedad Aguas de Avilés, adjudicataria del servicio desde comienzos de año.
El problema reside en aquellos establecimientos comerciales y oficinas a los que, hasta ahora, se les venía facturando el agua de acuerdo con la tarifa doméstica. «Se trata de una anomalía que se tiene que corregir. La tarifa doméstica está reservada a los domicilios. El resto tendrán que pagar la tarifa comercial o la industrial, que en el caso de Avilés son la misma», explicaba ayer, a preguntas de LA VOZ, el gerente de Aguas de Avilés, Jesús Díaz.
La empresa explica que en la revisión del padrón del agua se han observado cerca de dos mil facturaciones anómalas. En esa cifra se incluyen tanto las oficinas, despachos de profesionales, comercios y locales de hostelería que pagaban hasta ahora la misma tarifa que un domicilio normal y corriente, más barata que la que les correspondería según las ordenanzas municipales. A ello se suman las facturas emitidas al abonado equivocado: por ejemplo, el vecino del primero A que venía pagando la factura del primero B, y viceversa.
La corrección de errores en ambos casos ha sido una de las tareas desarrolladas en los últimos meses por Aguas de Avilés desde que asumiera la gestión del suministro, y esa corrección es la que ha llevado a sorprendentes incrementos en la factura a un buen número de abonados.
Ajuste
«No es que hasta ahora el abonado estuviera pagando de menos a sabiendas, pero la ordenanza es clara. La tarifa doméstica es para lo que es, para domicilios. Al resto se ha de aplicar la tarifa comercial o la industrial», insistía ayer Díaz.
La única duda sobre el tipo de facturación que se ha de asignar al abonado, según asegura el gerente de Aguas de Avilés, residiría en si en un mismo domicilio «convivieran la actividad profesional o empresarial y la doméstica». Pero si en el piso no hay más que una oficina, no hay duda posible: se ha de aplicar la tarifa comercial.
Eso ha hecho que, por ejemplo un despacho en el que el consumo de agua no llegue al mínimo facturable, el abonado tendrá que pagar cerca de 120 euros al trimestre, cuando hasta ahora, con la facturación doméstica, el recibo apenas llegaba a los 70 euros.
Tanto para Díaz, como para el presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), Daniel Quirós, el meollo de la cuestión está en lo que refleja la ordenanza que regula los precios del agua, y que equipara la actividad comercial con la industrial a la hora de aplicar las correspondientes tarifas.
«Parece lógico que se tenga en cuenta el tipo de actividad. No es lo mismo una tienda que un local de hostelería que un gran taller», indicó Quirós, quien asegura que varios de sus asociados ya han expresado su sorpresa a la Unión de Comerciantes por lo sucedido con el recibo del agua.
Así pues, para la Unión de Comerciantes se impondría una revisión de la ordenanza vigente en el Ayuntamiento avilesino. Desde Aguas de Avilés reconocían ayer que en otros municipios sí que existen diferencias entre la tarifa industrial y la comercial, algo que para Quirós sería indispensable para no perjudicar a pequeños negocios cuyo gasto de agua es mínimo.
Según explican en la sociedad adjudicataria de la gestión del agua tras el proceso de privatización emprendido por el Ayuntamiento, la revisión del padrón de abonados sirvió para detectar un gran número de anomalías. Entre ellas, destacaban las cerca de dos mil relativas al tipo de tarifa o a los datos del abonado, pero la lista incluía, además, otras relativas a la existencia de un alto porcentaje de contadores que no registraban consumo alguno de agua.
En concreto, la empresa había detectado que un 11,1% de los abonados, un total de 1.765, aparentaban estar completamente inactivos, como si no se abriera ni un grifo en el local o domicilio en cuestión.
A lo largo de los últimos meses, la empresa Aguas de Avilés ha dedicado buena parte de su actividad a solventar en la medida de lo posible todas esas incorrecciones, indicó Díaz. En concreto, en lo relativo a la atribución de la tarifa correcta a los negocios y comercios de la ciudad que venían pagando el recibo 'doméstico', se habrían completado ya el proceso. Otra cuestión es la relativa a la de los contadores inactivos, que en muchos casos podrían requerir la intervención en la instalación.
No en vano, la empresa había detectado que los sistemas de medición del consumo de agua que están en activo en la ciudad son especialmente longevos. En concreto, un 62,4% han superado ya la vida útil que se atribuye a estos equipos, que es de diez años. A ello se suma que un 36,4% de los contadores en activo en la ciudad tiene más de veinte años, lo que incrementa aún más las dudas sobre su fiabilidad.
La intención de Aguas de Avilés es que a lo largo de los próximos meses se corrija esa 'longevidad' de los contadores del suministro en la ciudad, una circunstancia que, por otro lado, podría acarrear nuevas sorpresas en el recibo de los abonados, tanto para incrementar el importe de la factura, como para reducirla.